Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. Especialistas en diversas áreas señalaron que el nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigor hace un año, no es la acusa de los problemas de injusticia en el país, sino que ésta está más bien ligada a la corrupción y la impunidad.
Durante el foro ¿Qué debemos hacer con el sistema de justicia penal?, los expertos consideraron que hay que darle tiempo al nuevo sistema acusatorio, sobre todo porque las escuelas y facultades de derecho deben formar a los abogados y especialistas que le darán sustento. Y descartaron que la opción sea regresar al sistema inquisidor.
Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, enfatizó que “es una exageración” responsabilizar al nuevo sistema de justicia acusatorio de ser la principal causa de ineficiencia en el sistema de justicia del país.
Para el experto, esto se debe sobre todo a la corrupción, la impunidad y la inseguridad que aquejan a México.
Destacó que hay varios gobernadores presos y en procesos judiciales por actos de corrupción y otros tantos están prófugos, pero no es sólo la clase política, dijo, sino que hay una serie de cómplices en torno a este cáncer que aqueja a la sociedad mexicana.
Dio una serie de cifras que muestran los altos niveles de corrupción en México: en una medición internacional que evaluó a 175 países, el nuestro apareció en el lugar 105, además, es el país más corrupto de los 34 que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Las llamadas “mordidas“, lamentó, en 2015 representaron 200 millones de actos de corrupción en el país y sumaron una cifra por 32 mil millones de pesos.
Destacó que el Banco Mundial ha dicho que la corrupción le cuesta a México 9 por ciento de su producto interno bruto. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ha señalado que la cifra es aún más alta: 20 por ciento del PIB. “Representa la quinta parte de (la riqueza) que generamos”, lamentó Huerta Psihas.
El especialista agregó que las familias con ingresos menores a 10 salarios mínimos gastan alrededor de 30 por ciento de su ingreso mensual en bienes y servicios que el Estado debería de garantizar y que sólo pueden obtener a través de “mordidas“.
También lamentó que en muchas escuelas de derecho haya una formación mediocre de los profesionales que sostendrán el sistema de justicia, sobre todo porque han proliferado recientemente una serie de colegios de bajos niveles académicos en esta disciplina.
Los organizadores del foro, que se celebra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, habían anunciado la participación como primer ponente del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien no acudió a la cita.
Por su parte, Luis García, de la Unidad de Política de Mejoras de la Secretaría de la Función Pública, indicó que la cultura de la legalidad tiene que ver con la corrupción, el combate al delito, la participación ciudadana, la democracia, el respeto a la ley y a los derechos humanos.
En ese sentido, dijo, existe una corresponsabilidad de todos los actores sociales para que la ley se cumpla.
Aseguró que una de las políticas “prioritarias” del gobierno de la República es la cultura de la legalidad, de ahí que durante esta administración se haya apostado por la creación del Sistema Nacional de Transparencia, que está en proceso pero deberá evolucionar hacia una mejor función pública.
Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal, sostuvo que una de las obligaciones de los gobiernos locales y federal es brindar acompañamiento a todas las víctimas dentro de los sistemas de justicia penal acusatorios.
Sin embargo, alertó, existe un déficit de 3 mil 333 asesores jurídicos, pues tanto en el orden federal y estatal se requieren al menos de 4 mil 13 de estos especialistas y el país apenas cuenta con 680, y de éstos, 612 cuentan con el nombramiento formal de asesor de víctimas.
“El número de asesores jurídicos de atención a víctimas es insuficiente”, incluso la CEAV apenas tiene 70 de estos expertos para todo el país y tan sólo en las oficinas centrales atiende 677 casos en el sistema penal acusatorio, reconoció.
