Por Roberto Garduño y Enrique Méndez
Ciudad de México. La Cámara de Diputados instaló el grupo de trabajo que mediará entre los padres de los 43 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC y los 70 que resultaron heridos, y los legisladores que ofrecieron a las familias solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) información de la investigación y que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dé atención médica a los menores.
“Haremos lo que esté en el límite de nuestras posibilidades para que este grupo, cuando termine la 63 legislatura tenga resultados favorables, y podamos decir que se atendió a los niños y que la PGR pueda resolver el caso a la brevedad”, dijo la presidenta del grupo, Sylvana Beltrones Sánchez (PRI).
El vice coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el grupo “no está hecho para defender al IMSS o para impedir que ustedes le puedan sacar más al IMSS, sino que ustedes tengan lo que debe ser, lo justo, para evitar que un tema tan humano y vital se convierta en un asunto de números y de pesos”.
Durante la reunión, madres de niños que murieron o resultaron heridos en el incendio cuestionaron que a casi siete años de la tragedia aún no hay responsables en la cárcel y persiste la impunidad.
Lilian Cristina García, madre del niño Brian Alexander, planteó que la intervención de la Cámara debe permitir que se alcance el anhelo de justicia de las familias.
“Gobiernos vienen y van y seguimos igual o hasta peor. Estoy aquí para atestiguar y agradecer que el Legislativo esté pendiente de las investigaciones de la PGR y que los sobrevivientes reciban la mejor calidad de atención médica posible. El incendio en la guardería es la peor tragedia infantil del país, por lo que es inadmisible que los verdaderos responsables todavía no estén sometidos a la justicia”, dijo.
El abogado Gabriel Serrano, de Manos Amigas, urgió a cerrar el capítulo de la impunidad porque sólo esto ayudará a que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.
Insistió que es la mayor tragedia ocurrida a menores de edad, y “de ahí la necesidad de que los órganos del Estado mexicano actúen como debieran, y el hecho de que estemos aquí revela que no ha sido así”.
