José Antonio Román
José Antonio Román – El principal obstáculo de la lucha contra la corrupción es el “pacto de impunidad” acordado por las élites políticas y su férrea resistencia a romperlo. “México se ha convertido en un país donde se puede romper la ley, un país donde nunca pasa nada”.
Agrupados en la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, más de una veintena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, colectivos anticorrupción y académicos e investigadores, denunciaron también que las instituciones de procuración de justicia y rendición de cuentas “han sido capturadas”, perpetuando así violaciones graves a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, representantes de cada una de estas organizaciones explicaron que esta iniciativa de esta plataforma es construir soluciones mediante la promoción de acciones colectivas y la movilización ciudadana, para que el Estado erradique la impunidad, la corrupción y garantice justicia en el marco del respeto a los derechos humanos.
Un primer paso en esta dirección sería el establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad, como lo propone la primera recomendación emitida al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre las organizaciones que integran esta plataforma están la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Demcoracia (IMDHyD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADAHAC), los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de La Montaña Tlachinollan, Programas de Indicencias de la Universidad Iberoamericana, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), entre muchos otros.
Ciudad de México. El principal obstáculo de la lucha contra la corrupción es el “pacto de impunidad” acordado por las élites políticas y su férrea resistencia a romperlo. “México se ha convertido en un país donde se puede romper la ley, un país donde nunca pasa nada”.
Agrupados en la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, más de una veintena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, colectivos anticorrupción y académicos e investigadores, denunciaron también que las instituciones de procuración de justicia y rendición de cuentas “han sido capturadas”, perpetuando así violaciones graves a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, representantes de cada una de estas organizaciones explicaron que esta iniciativa de esta plataforma es construir soluciones mediante la promoción de acciones colectivas y la movilización ciudadana, para que el Estado erradique la impunidad, la corrupción y garantice justicia en el marco del respeto a los derechos humanos.
Un primer paso en esta dirección sería el establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad, como lo propone la primera recomendación emitida al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre las organizaciones que integran esta plataforma están la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Demcoracia (IMDHyD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADAHAC), los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de La Montaña Tlachinollan, Programas de Indicencias de la Universidad Iberoamericana, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), entre muchos otros.
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