Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral del Estado, informó que, en repuesta a diversas publicaciones que han circulado en redes sociales y en forma impresa con las que se pretende minimizar o descalificar la lucha que ha sostenido ante diversas autoridades en reclamo de los derechos que legítimamente le corresponden, ha acudido ante diversas autoridades e instancias, donde ha dado a conocer los hechos “que trastocan mi esfera de derechos”.
Recordó que, en marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia dentro de los autos del expediente SUP/JDC/4370/2015, en el cual tuvo por acreditado violencia, discriminación y acoso laboral en contra de los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, así como del secretario de Acuerdos, Joel Valentín Jiménez Almanza, por lo que, a fin de ejecutar la sentencia y hacer efectivo el derecho reconocido, presentó dos incidentes de inejecución, en los cuales se dio vista al Senado de República a fin de que sancione a los magistrados por los hechos demostrados, y en respuesta a ello el Senado consideró que el Congreso Local es el competente respecto de la conducta de estos funcionarios.
Asimismo, refirió que en abril del año pasado presentó una denuncia ante la Fepade, por hechos también violatorios y que atentan en contra el ejercicio de su función como magistrada, y, una vez que integró las carpetas de investigación en contra de los señalados, ejercitó acción, declarando un juez federal que la competencia corresponde al ámbito local, pues si bien los magistrados son nombrados por el Senado de la República, la función que desempeñan no es federal, sino local, que se rige por disposiciones locales.
En este sentido, la Fepade envió las actuaciones a su homóloga a nivel local, perteneciente a la Procuraduría del Estado, en noviembre de 2016, y desde entonces se dio seguimiento ante este órgano.
“Ahora bien, los hechos denunciados fueron del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado desde el año 2015, quien en fecha 23 de agosto de 2017 emitió Recomendación a la Procuraduría del Estado para que integrara y resolviera la averiguación penal en breve término, ante tal pronunciamiento, la Procuraduría del Estado, en acatamiento a tal recomendación, envió al Congreso del Estado para que se resuelva sobre la solicitud de procedencia”, agregó la afectada.
Por otro lado, destaco que tanto Rigoberto Garza de Lira como Oskar Kalixto Sánchez fueron sabedores de los procedimientos en su contra y han comparecido en su defensa, en el juicio seguido ante Sala Superior, y ante la autoridad responsable por ser parte del Pleno, en tanto que además Oskar Kalixto pretendió que se le tuviera en juicio como tercero perjudicado, negándose tal figura, pues no se estaba en ese supuesto.
De igual manera, el magistrado Oskar Kalixto presentó juicio de protección de los derechos ciudadanos, en contra de los actos de investigación que estaba llevando a cabo la Fepade, alegando desconocer los mismos, que no se le había hecho sabedor, y que trastocaban su esfera de derechos por la intromisión a sus funciones, pero su demanda fue desechada
Por su parte, Garza de Lira ejercitó acción de inconstitucionalidad en contra de los actos de la Fepade, por “haberse vulnerado la autonomía del Tribunal, acción que fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por carecer de legitimación para presentarla”.
Pedroza Reyes comentó que, ahora, en la investigación de los hechos denunciados ante la Procuraduría del Estado, se notificó a los magistrados, así como al secretario de Acuerdos para que comparecieran y se hicieran sabedores, sin embargo Oskar Kalixto se negó a recibir la notificación, y por su parte los otros dos señalados han presentado incluso pruebas para desestimar los hechos que se les atribuyen, lo que, consideró, evidencia que los magistrados son sabedores de los actos que se les reclaman, y han tenido el Derecho de expresar lo que a sus intereses convenga.
Además, denunció que, “de forma artificiosa” se está tratando de demeritar su persona, haciendo alusiones a la falta de capacidad o mediocridad de su trabajo, “pasando por alto que la mayor parte de las resoluciones de la suscrita fueron confirmadas, que durante el proceso electoral se me turnó una carga mayor de trabajo, por otro lado tampoco se destaca que presenté dos iniciativas de Ley al Congreso del Estado para impulsar que se legisle en materia de violencia política, asimismo, propuesta de Ley Orgánica del Tribunal Electoral, para regular quién debe regular el orden y disciplina, quiénes deben ser los órganos de vigilancia”.
Resaltó que también se ha presentado en diversos foros, tanto locales como nacionales, como ponente para contribuir en la difusión de la materia electoral, y ha impartido cursos en universidades del estado, “por ello considero desafortunada la mala información que se difunde con el fin de demeritar el trabajo que he venido haciendo”, insistió.
Para concluir, desmintió tener nexos con actores políticos, y aseveró que con estos señalamientos únicamente se está tratando de desviar, minimizar o confundir, la lucha por la reivindicación de sus derechos, dándose tintes que no corresponden.
