Angélica Campillo
Luego de que Raúl Espínola Gutiérrez, abogado representante de los padres de familia de la primaria José María Morelos y Pavón, manifestara que cuando pidió la interlocución de los diputados federales potosinos con el Secretariado Ejecutivo para que la Comandancia Centro no entrara en funcionamiento en el sitio donde fue construida, estos se la negaron, la legisladora perredista, Érika Briones Pérez, justificó su inacción con el argumento de que no está dentro de sus facultades.
Explicó que en el documento enviado por Espínola Gutiérrez solicitaba que tanto ella como los demás diputados federales potosinos intervinieran para que la Comandancia Centro se removiera del domicilio donde se construyó, mismo que les llegó vía correo electrónico y posteriormente, dijo, se le turnó al Congreso local, al sector educativo, al Poder Judicial del Estado y a otras instituciones involucradas, en el ánimo de apoyar a su gestión.
Sin embargo, el documento que envió Espínola Gutiérrez a los diputados federales, sellado de recibido el 17 de noviembre de 2015 por la oficialía de partes (del cual La Jornada San Luis cuenta con una copia) señala: con fundamento en el Derecho Humano al “Interés superior del menor”, tutelado por los artículos 1º, 8º y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito su INTERLOCUCIÓN con el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, para los efectos de que se autorice el cambio de uso del inmueble construido con aportaciones económicas del SUBSEMUN y del FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO para COMANDANCIA DE POLICÍA, ubicado en la CALLE REFORMA, esquina con MELCHOR OCAMPO ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP. Lo anterior en relación a que son múltiples las violaciones a la normatividad que rige la utilización de ese subsidio, pero lo más importante es la imprudente ubicación frente a escuelas primaria y secundaria, en donde ya que de suyo es peligroso, por ejemplo la ARMERÍA se ubica a 20 pasos de la entrada principal de la primaria mencionada.
La diputada federal agregó que aproximadamente al mes y medio siguiente de haber contestado el documento a Espínola Gutiérrez, les llegó a cada uno de los legisladores una demanda, de manera personal. “Nos reunimos extrañados y coincidimos en que nadie habló de manera personal con el quejoso para apoyarlo en ese tema y checamos con el área de jurídico para darle al trámite correspondiente. Al siguiente día se le dio contestación inmediata a la demanda donde señalamos que los legisladores federales no tienen, dentro de sus competencias, el ejecutar acciones directas para remoción o cambio de lo que solicitaba”.
Hizo énfasis en que las facultades tanto de un senador como de un diputado federal no es la ejecución de manera inmediata a la petición que les hicieron llegar, sino darle la atención y turnarla a las instancias correspondientes, “apoyar al peticionario en su gestión, es lo único que está en nuestras manos”, insistió.
Refirió que la opinión de Espínola Gutiérrez es aceptable, pero criticó que nunca hubo una convocatoria de manera particular hacia los legisladores federales, “nunca solicitaron hablar de manera personal conmigo, sólo nos llegó el documento, creo que hubiera sido otra situación diferente el habernos reunido, platicar con los legisladores, a lo mejor esperaban que ejecutáramos alguna acción de mandato a la petición, pero no es de nuestra competencia; hicimos lo que nos corresponde: turnar a las áreas correspondientes que pueden ver la situación y darle el trámite adecuado”.
