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Ap
Buenos Aires. Un tribunal argentino condenó este jueves a ex miembros de la Armada y de la policía a penas de entre seis y 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el peor centro de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura militar.
Fue el cuarto juicio por las atrocidades cometidas en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, situada en la capital argentina, donde se calcula que estuvieron alojados al menos 5 mil de los 30 mil desaparecidos del régimen, según cifras de organismos de derechos humanos.
Por la cantidad de víctimas y acusados, la justicia argentina se vio obligada a repartir entre distintos jueces la investigación de lo que allí sucedió y que los responsables sean juzgados por distintos tribunales.
Luego de dos años de audiencias, el tribunal oral en lo criminal federal N°5 de Buenos Aires condenó a prisión perpetua al exagente de policía Raúl Cabral, al exoficial de la Armada Carlos Castellví y al civil Miguel Conde, que integraba el grupo de inteligencia que se dedicaba al secuestro y tortura de disidentes.
La sentencia se dio a conocer en una audiencia virtual por la pandemia de coronavirus.
En tanto que los ex suboficiales de la Armada Carlos Carrillo, José Iturri, Jorge Ocaranza y Ramón Zanabria recibieron 15 años de prisión.
El ex conscripto Claudio Vallejos, extraditado de Brasil, fue sentenciado a seis años de cárcel.
Los ocho fueron juzgados por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos, abusos sexuales y sustracción de niños y niñas contra más de 800 víctimas.
Tras el golpe de Estado de 1976, las Fuerzas Armadas pusieron en práctica un plan sistemático de detención, tortura y asesinato no sólo contra miembros de grupos guerrilleros sino también sus familias, artistas, periodistas e intelectuales por considerarlos peligrosos para el régimen.
El Estado argentino ha reconocido a menos de 10 mil desaparecidos. El cuarto juicio por ESMA en agosto de 2018. Dos ex marinos también imputados fallecieron durante el proceso.
El tribunal federal dictaminó que los condenados sigan bajo la modalidad de detención vigente (algunos en domiciliaria, otros en prisión) hasta que la condena esté firme.
