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Argentina declara servicio público esencial telefonía, internet y TV

Alberto Fernández, presidente de Argentina, al presentar el proyecto de Reforma Judicial el pasado mes de julio. Foto Afp / Archivo

Stella Calloni

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el gobierno decidió declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión por cable, y por lo tanto, congelar las tarifas de los mismos hasta el 31 de diciembre, y la empresas deberán ser autorizadas para aumentar tarifas, quedando esto a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mediante un decreto en el que figuran diversos documentos de Naciones Unidas (ONU) y disposiciones de países como México y Francia.

En el decreto se cita que el acceso a Internet es, en la actualidad, “uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión y que la ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas”.

También destaca que “en el derecho comparado más moderno se reconoce como un derecho humano el acceso a las TIC” como se verifica en los Estados Unidos Mexicanos. donde en 2013 se consagró en el artículo 6 de su Constitución Política el derecho de acceso a Internet, y también en Francia, en 2009.

Esta medida se tomó ante los constantes aumentos que se realizaron en el transcurso de la pandemia de Covid-19 y los que anunciaban para el próximo mes de septiembre dejando fuera de toda posibilidad de acceder a estos servicios a millones de argentinos, y superando en más de un 20 por ciento a la inflación que se acumuló desde diciembre de 2019.

Además se escuchó por primera vez la demanda de la Comisión de Usuarios y Consumidores, que reclamaban desde hace años esta urgente decisión, ante una situación social que evidenciaba la injusticia y la desigualdad imperante en el acceso a la comunicación e información, lo que también destapó la pandemia.

La norma firmada por el presidente Alberto Fernández y todo su equipo de gobierno señala que las TLC representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

Hay referencias también a las decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri al asumir en diciembre de 2015 cuando mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia se derogó gran parte del andamiaje legal en materia de servicios de comunicación audiovisual “abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía”.

Además el artículo 42 de la Constitución nacional, establece “el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

Por su parte, la oposición encabezada por Propuesta Republicana, el partido ultraderechista de Macri, reaccionó violentamente , interpretando sin razón que se trata de la “estatización” de estos servicios o que se violenta la “libertad de expresión”.

Vale recordar que en Argentina esta oposición maneja verdaderos monopolios de la información como el Grupo Clarín, la Nación y otros, que se extienden por todo el país, y conforman el eje central de las campañas contra el gobierno actual.

El mandatario anunció anoche este decreto en su cuenta de Twitter- y esta mañana fue la noticia del día apareciendo en el Boletín Oficial- señalando que se trataba de garantizar el acceso a estos servicios “a todos y todas” remarcando que ante las restricciones que supuso la pandemia “ nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios y que con estas medidas se recuperarán herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado, sin recordar que “el derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido”.