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Afp y Europa Press
Managua. En medio de protestas internas y presiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Nicaragua desalojó este martes a sus seguidores de la catedral de Managua, donde habían ingresado por la fuerza un día antes, buscando interrumpir la huelga de hambre de opositores que piden la liberación de “presos políticos”.
La oposición nicaragüense lanzó en los últimos días una nueva campaña de presión contra el gobierno de Daniel Ortega, tras las violentas protestas del año pasado exigiendo la renuncia del mandatario sandinista. El objetivo es presionar por la liberación de más de 130 opositores presos durante la represión de aquellas manifestaciones, que también dejaron 328 muertos y 88 mil exiliados, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La iniciativa, impulsada por huelgas de hambre de familiares de detenidos en dos templos religiosos, coincidió este martes con llamados de la ONU a “terminar con la persistente represión de la disidencia” y con un informe de la OEA, que tras evaluar la crisis en el país centroamericano concluyó que el gobierno volvió “inviable” la democracia.
El lunes, la Arquidiócesis de Managua denunció la irrupción violenta de partidarios del gobierno en la catedral, que previamente había sido sitiada por fuerzas policiales. Una vez en el templo, golpearon a dos religiosos e hicieron que los opositores en ayuno tuvieran que refugiarse en una instalación adyacente a la iglesia.
“La pasamos mal, mal, mal”, relató a la prensa una de las madres en ayuno, Janeth Chavarría, tras ser evacuada este martes junto al resto de huelguistas con ayuda de la Cruz Roja nicaragüense.
Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), que fue sitiada por policías antimotines, protestaron por la profanación del templo.
Los nueve opositores iniciaron la huelga en Managua cuatro días después de que otro grupo de 11 mujeres hizo lo mismo en una iglesia de la ciudad de Masaya (sur), ambos en el marco de la nueva campaña.
La tarde del martes, los seguidores del oficialismo abandonaron la catedral, confirmó Tomás Valdés, un conocido miembro de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, afín al gobierno.
El desalojo se produjo horas después de que la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno de Ortega a “terminar con la persistente represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias, y a abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y cualquier otra voz disidente” en Nicaragua.
En tanto, un informe de la comisión de la OEA creada en agosto por Argentina, Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Jamaica, para buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua, determinó que bajo la administración de Ortega la democracia es “inviable”.
“La Unión Europea llamó al gobierno de Nicaragua y a las fuerzas del orden “a liberar a los detenidos y a retirar los cargos, a levantar el sitio de la iglesia”, reza una declaración de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en nombre del bloque.
Dieciséis líderes sociales, entre ellos la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, fueron detenidos a mediados de noviembre cuando intentaron auxiliar con agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre en esa iglesia.
La justicia decretó el lunes prisión preventiva para estos, acusados de tenencia de armas de fuego. La policía argumentó que trasladaban artefactos explosivos y armas y los acusó de planear “actos terroristas”.
España criticó en un comunicado de su cancillería a Nicaragua por impedir “por tercera vez” la visita de un enviado para ayudar en la crisis del país y anunció que revisará su “relación bilateral” con el país centroamericano.
