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Autoriza Macri a policías a disparar por la espalda a “sospechosos”

Mauricio Macri autorizó a los agentes de las fuerzas federales de Seguridad a usar armas letales para disparar por la espalda a quien haya cometido delito. Foto Afp

Stella Calloni 

Buenos Aires. A poco menos de dos días de terminada la Cumbre del G20 el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, autorizó a los agentes de las fuerzas federales de Seguridad a usar armas letales para disparar por la espalda ante una fuga de quien haya cometido delito; que represente un peligro o que se “sospeche” que pueda serlo, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, lo que fue denunciado aquí como “una ley para matar con impunidad”.

El Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego publicado este lunes en el Boletín Oficial, que violenta el Código Penal, fue firmado el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para entrar en vigencia dos días antes del comienzo de la Cumbre del G20, que transcurrió aquí el 30 de noviembre y el 1 de diciembre pasados, y se dijo que iba a ser transitorio.

Dispone además que el uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

El artículo segundo del reglamento determina que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. La disposición, que deroga cualquier otra anterior que contravenga la actual, autoriza a -como lo hizo el policía local Luis Chocobar- a tirar contra quien “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.

Pero nadie explica cómo se sabe si alguien intenta causar estas “lesiones graves”, ya que esto libera de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El caso Chocobar impactó en el país, ya que este policía disparó y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 19 años, que huía de un robo a un turista herido por otro delincuente. Esto fue en diciembre de 2017 y mintieron las autoridades de Seguridad y la mayoría de los medios masivos que responden automáticamente al gobierno, diciendo que el joven huía con un cuchillo en la mano, que nadie vio. Ante la demanda de la madre del joven y de otros organismos el presidente Macri decidió recibir como un héroe al policía Chocobar junto a la ministra de Seguridad.

A partir de entonces fueron fusilados de la misma manera varios jóvenes en distintas circunstancias, incluso por “equivocación” o por sospechas, uno de ellos el joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro en noviembre de 2017, quien no portaba armas y fue literalmente fusilado por la espalda huyendo de la prefectura que entró a reprimir para desalojar familias de esa etnia de sus tierras ancestrales.

A pesar de todas las pruebas la ministra Bullrich calificó a los mapuches como “terroristas” y defendió a la prefectura hasta hoy no se ha hecho justicia.

El día antes de comenzar la Cumbre del G20, el juez Guillermo Lleral, quien llevaba la causa sobre la desaparición y asesinato del joven artesano Santiago Maldonado en la provincia de Chubut, dio por terminada la investigación cerrando el juicio, y atribuyendo la muerte a “un conjunto de incidencias” por lo que no halló a “nadie” como responsable.

Nada decía que esto sucedió en el marco de una brutal represión de casi cien gendarmes contra un grupo de siete mapuches, a los que solidariamente Maldonado acompañaba en su protesta ya que querían sacar a su comunidad de sus tierras ancestrales, para favorecer a empresas extranjeras en el lugar. Maldonado fue perseguido por gendarmes hasta un río cercano y estuvo desaparecido durante 80 días. Curiosamente apareció muerto en el mismo río, que fue rastrillado varias veces.

Pero lo más grave es que el juez Lleral se comunicó con la madre de Maldonado para adelantarle el fallo y le confesó que había sido duramente presionado para cerrar la causa.

Todo esto sucedía en medio de la Cumbre, y los organismos de derechos humanos denunciaron a la ministra Bullrich que desde el primer momento defendió a la gendarmería mientras funcionarios de seguridad presionaron al primer juez de la causa que debió apartarse. LLeral determinó que la muerte de Maldonado se debía a un “conjunto de incidencias” y por la que no halló a “nadie” como responsable.

Aministía Internacional frente a las demandas de los organismos humanitarios advirtió que no figura el contexto en que se produjo la desaparición de la víctima, ni las circunstancias, mientras por otra parte se pide aquí la renuncia de Bullrich y destacan la constante acción del gobierno de Macri sobre la justicia y los jueces, como se ha comprobado en este caso.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “autora intelectual” del cierre de la causa: “Desde que asumió no hace más que buscar exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos”.

“Que un juez diga que por presiones tuvo que resolver por la impunidad nos deja en el desamparo institucional ante cualquier operativo represivo de este gobierno”, denunciaron H.I.J.O.S. de desaparecidos.

JSL
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