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Candidato argentino a CIDH, defensor de militar acusado de tortura y secuestro en dictadura

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en imagen de archivo. Foto Ap

Stella Calloni, corresponsal

Buenos Aires. La alianza derechista Cambiemos, que gobierna Argentina, presentó esta semana ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la candidatura de Carlos Horacio De Casas, para ocupar el cargo de comisionado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, Cambiemos no informó que este abogado es defensor de Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en la provincia de Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura militar.

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluriculturalidad de la Nación, a cargo del Secretario Claudio Avruj, avalado por el Ministerio de Justicia, hizo esta presentación por medio de la cancillería, según denunció el Colectivo Nacional Mario Bosch – Red de Abogados en Causas de Lesa Humanidad.

Esta situación se produce cuando se han filtrado imágenes fotográficas, a raíz de una nota del periódico uruguayo El País, donde se puede ver a una camioneta de la banca suiza Julius Bär,(acusada por lavado de dinero) de la cual varios hombres sacan varios sacos para ingresarlos al helicóptero del gobierno argentino, que fue enviado a Punta del Este en Uruguay para buscar a la familia del presidente Mauricio Macri.

Así lo publicó este viernes el Portal Argentino de Internet Diario Registrado con la imagen tomada por el fotógrafo Ricardo Figueredo, quien fue a cubrir el viaje de la familia presidencial .“No sólo está el transporte de la banca extranjera, sino que se evidencia cómo varios hombres sacan bolsos de la camioneta para ingresarlos en el transporte oficial de Mauricio Macri” señala Diario Registrado.

También en estos momentos han surgido demandas por parte de fiscales y jueces que solicitan que el Ejecutivo colabore realmente para obtener los documentos de pruebas sobre casos como los llamados Papeles de Panamá, que involucran al presidente y su familia en unas 50 cuentas offshore en el mundo.

El jueves, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo del mandatario, se presentó ante el Congreso, después de que un vocero de la constructora Odebrecht, la cual está siendo investigada en Brasil, declarara que depositó 600 mil dólares para el actual funcionario de inteligencia.

Arribas declaró públicamente que en realidad le habían depositado 70 mil dólares por la venta de un inmueble y después cambió su historia ante los diputados para decir que fue por una venta de muebles. El propio Macri dijo que se trataba de un inmueble vendido por su jefe de Inteligencia en Brasil.

Desde que el tema de los Papeles de Panamá estalló en abril de 2016, el gobierno de Macri suma varias denuncias por corrupción, y la búsqueda de las pruebas es obstaculizada por su administración con la complicidad “negacionista” de los grandes medios de comunicación locales, aliados y favorecidos por esta administración, denuncian varios portales.

Ahora, además de las acusaciones contra el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, quien se ha beneficiado millonariamente de contratos desde los tiempos en que Macri era alcalde de la capital, ahora se suma una denuncia contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el caso Odebrecht. Las presentaciones fueron realizadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

La constructora brasileña está siendo investigada por haber pagado sobornos a gobiernos y haber financiado a partidos políticos. “De hecho, el dueño de la firma está preso en su país, y la empresa llegó a la Argentina asociada justamente al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, otro de los denunciados”, señala el portal”.

“Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este gobierno”, que ha intervenido en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado. Y la lista de causas es muchísimo más larga, afectando a una buena parte del gabinete presidencial. “Es sólo una punta del iceberg” aseguran los denunciantes.