Causan repudio declaraciones xenófobas de canciller chileno

Aldo Anfossi / Especial para ‘La Jornada’

Santiago. Representantes del gobierno chileno corrieron este jueves a desmentir y/o corregir las xenófobas afirmaciones hechas un día antes por el canciller Andrés Allamand, en el sentido de que los extranjeros en situación irregular y sin residencia en el país, serían excluidos del masivo proceso de vacunación contra el Covid19.

“Vacunaremos a los inmigrantes, nunca hemos dicho lo contrario”, precisó el ministro de Salud, Enrique Paris; mientras que su par de Interior, Rodrigo Delgado, matizó diciendo que “el canciller puso ese tema y ha sido precisado por el jefe de Extranjería, por el ministro Paris y si quieren me sumo: lo que tengo que decir es que las personas que están de manera irregular en Chile son Fonasa (Fondo Nacional de Salud, estatal), por lo tanto les corresponde la vacuna”.

Allamand -un ultraderechista que el año pasado, antes de ser canciller, lideró y se declaró en contra de producir una nueva constitución en Chile- aseguró anteayer que serían excluidos de la vacunación contra el Covid-19 “los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.

Eso fue casi de inmediato desmentido por el jefe de Extranjería del Ministerio de Interior, Álvaro Bellolio, quien precisó que el Fonasa da cobertura a “los migrantes que están de forma irregular en Chile (porque) son Fonasa A, por lo tanto tienen acceso a la vacunación”.

La discriminación sugerida provocó la repulsa de científicos, investigadores y ex ministros de salud. La Red Chilena de Investigadores en Salud y Migración (Rechisam) dijo que “esta medida es una grave exclusión humanitaria, de carácter discriminatorio e inequitativo, de personas migrantes en condiciones de severa vulnerabilidad social y de salud en todo el territorio nacional y la región de Latinoamérica”.

Mientras que cinco ex ministros de Salud dijeron que el anuncio carece racionalidad sanitaria y económica, porque “dificultará cortar la circulación del virus, resultando inevitablemente en más contagios y fallecidos”, a la vez que “transgrede los derechos humanos y pone en duda la necesaria universalidad de un programa efectivo de vacunación, instalando de facto una discriminación que viene a enlodar un proceso que había sido impecable, apoyado por todos y de admiración mundial”.