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Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. Héctor Llaitul Carrillanca, el líder de la organización insurgente mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), declaró ser un preso político del Estado chileno, al hacer uso de la palabra durante el juicio en su contra por delitos incluidos en la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
Hablando primero en Mapudungun, la lengua mapuche, pronunció las palabras Chem Kam Rakiduam, el título de un libro de su autoría que se traducen como “CAM, pensamiento y acción”, para agregar, en español, que aquello “es lo que me tiene aquí en calidad de prisionero político nuevamente por parte del Estado chileno”.
Tras ser autorizado a hablar, Llaitul, esposado, se puso de pie en el estrado de los acusados para denunciar “la militarización del Wallmapu (país mapuche), el gasto descomunal que se hace para mantener efectivos, sistemas, armamentos, blindados, para contener a los comuneros (indígenas) que luchan principalmente contra las forestales”.
“Nosotros no luchamos contra el campesino pobre chileno común, acá los fiscales me conocen, luchamos contra quienes nos tienen sometidos, arrinconados y carentes de derechos, e identificamos a las forestales (como responsables de aquello)”, agregó.
El dirigente enfrenta cargos por los delitos de incitación y apología a la violencia, además de hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación; un juicio que tendrá 29 jornadas y que ocurre en Temuco, capital de la Región de La Araucanía, en el corazón del Wallmapu.
Mientras la defensora de Llaitul, abogada Josefa Ainardi, negaba la existencia de delitos de usurpación violenta y afirmaba que pedirá la absolución y que “hay un juicio de persecución política”; el fiscal Roberto Garrido, decía que “el acusado está en guerra”, afirmación que apoyaba en un párrafo de Chem Kam Rakiduam, donde se afirma que “nos hacemos responsables de la violencia política como respuesta coherente a nuestro derecho a rebelión’.
No es la primera vez que Llaitul enfrenta la justicia: en 2010 se le sentenció a 25 años de cárcel por robo con intimidación y homicidio frustrado de un fiscal, condena que la Corte Suprema redujo a 14 años tras acoger parcialmente un recurso de nulidad.
Y en 2017 se rebeló que la policía realizó un montaje con falsificación de pruebas para acusarlo de acusación ilícita terrorista.
