Condenan a ex militares por delitos sexuales durante dictadura argentina

Afp

Buenos Aires. La justicia argentina condenó este viernes a más de 20 años de cárcel a dos represores de la última dictadura (1976-83) por delitos sexuales cometidos contra prisioneras políticas en un centro de torturas que funcionó en la ciudad de Buenos Aires.

El ex capitán de fragata Jorge Tigre Acosta, que estuvo a cargo del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica la Armada (ESMA), fue sentenciado a 24 años de prisión y el ex agente de inteligencia Alberto Gato González a 20 años, según el fallo de este juicio que se llevó a cabo de forma reservada a pedido de las víctimas.

Las condenas fueron unificadas a la prisión perpetua que ya pesaba sobre los dos torturadores por otras violaciones de los derechos humanos.

Ambos fueron hallados culpables de “violación agravada por haber sido cometida en concurso de dos o más personas” y de violación reiterada en por lo menos diez oportunidades, delitos que se consideran de lesa humanidad, por lo que no prescriben y que se juzgan de forma separada de otros crímenes de tortura y secuestros.

En la causa se juzgaron delitos sexuales cometidos contra tres mujeres entre 1977 y 1978 en la ESMA, lugar donde también funcionó una maternidad clandestina que fue centro de robo de bebés.

“Hay muchas compañeras que aún hoy no pueden hablar de lo que les hicieron, de lo que les pasó. Porque no comprenden que si no se hubieran sometido, hubieran sido pasajeras de algún vuelo de la muerte. Por fin, como otros represores, el jefe del grupo de tareas de la ESMA y uno de los oficiales fueron condenados por violadores”, destacó Miriam Lewin, una de las víctimas.

En Argentina, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad impulsa desde 2012 la persecución penal de estos crímenes de violencia sexual cometidos durante la dictadura y los considera como delitos autónomos con el propósito de establecer responsabilidades.

Durante la dictadura argentina hubo unas 30 mil desapariciones forzadas, según los organismos de defensa de los derechos humanos.