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Armando G. Tejeda
El Congreso de los Diputados de España aprobó los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), y presidido por el presidente Pedro Sánchez, en una histórica votación en la que por primera vez votó a favor en una iniciativa de este tipo la coalición de la izquierda separatista vasca, EH-Bildu.
La propuesta salió adelante con 188 votos a favor y 162 en contra, con lo que ahora sólo tiene que superar su aprobación en el Senado -un trámite dado que la coalición de gobierno cuenta con mayoría- para que se aprueben las cuentas públicas y se garantice una legislatura larga, al menos hasta el próximo 2023.
A pesar de la mayoría escasa que sustenta al gobierno -155 escaños de los 350 que integran la Cámara-, el gobierno de coalición logró sumar a su causa a un conglomerado de partidos de izquierda, la mayoría independentistas, como EH-Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero también de otras formaciones conservadores y también de cariz nacionalista, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV). El resultado fue la aprobación de los presupuestos, que son a su vez los primeros que logra sacar adelante el presidente Sánchez desde su llegada al poder, en el 2018, ya que hasta ahora había estado gobernando con la prórroga de los últimos presupuestos aprobados durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy.
Con los presupuestos aprobados, el gobierno presidido por Sánchez tendrá por delante al menos tres años de relativa estabilidad en lo que se refiere a las cuentas públicas, ya que, en caso de no poder aprobar unos nuevos presupuestos el próximo año, estos se podrán prorrogar al menos hasta el final de la legislatura, en el 2023. Pero sin duda la principal novedad a la aprobación de las cuentas públicas fue el apoyo tanto de EH-Bildu, que a cambió exigió cambios profundos y estructurales en la legislación laboral, además de diversas infraestructuras en el País Vasco y, se presume aunque no es público, también un viraje en la política penitenciaria para el acercamiento de los presos militantes de la organización armada vasca ETA, que declaró su disolución hace ya nueva años.
También provocó sorpresa que se sumaran a la causa del gobierno los independentistas de ERC, que en la anterior legislatura votaron en contra y precipitaron así las elecciones anticipadas que dieron lugar al actual Parlamento. Desde el separatismo catalán se reclama sobre todo la amnistía, el indulto o la liberación de los políticos catalanes presos por su participación en la declaración unilateral de independencia fallida del 2017.
En la votación también se puso en evidencia la fractura en dos del Congreso y de la propia sociedad española, donde el bloque de la derecha mantiene un discurso muy crítico con la deriva del gobierno de Sánchez, sobre todo por su cercanía con EH-Bildu y ERC.
Denuncian chat golpista de ex militares
En otro asunto, el ministerio de Defensa solicitó a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación sobre un chat en el que participaron dos docenas de ex militares del Ejército del Aire, en el que supuestamente promovían un golpe de Estado contra el gobierno y hasta se hablaba de “fusilar a 26 millones” de ciudadanos españoles.
