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Afp
Rangún. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó por primera vez a la junta militar Myanmar, mientras cientos de policías y soldados lanzaron una redada en Rangún contra trabajadores ferroviarios en huelga.
“Es la hora de la diplomacia”, dijo el embajador chino en la ONU, Zhang Jun, en un comunicado y afirmó que Pekín participó de “manera constructiva” en la negociación de seis horas de la declaración.
El documento, adoptado por sus 15 miembros, entre ellos China y Rusia, critica a los militares de una manera sin precedentes y les pide la “mayor moderación”, aunque no menciona la palabra “golpe” ni posibles sanciones.
El Consejo de Seguridad, que “condena firmemente la violencia contra manifestantes pacíficos, entre ellos mujeres, jóvenes y niños”, pide a las partes “buscar una solución pacífica”, según el texto al que accedió la Afp.
El documento redactado por el Reino Unido pide también “la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente” desde el 1 de febrero, cuando los generales derrocaron el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
Estados Unidos, no obstante, anunció poco después que congeló los activos en su país de dos hijos del jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, “en respuesta al golpe” y “su brutal matanza de manifestantes pacíficos”.
Amnistía Internacional denunció “ejecuciones extrajudiciales” y el uso de armas de guerra contra manifestantes prodemocracia. Afirma haber analizado 55 vídeos, grabados entre el 28 de febrero y el 8 de marzo por civiles y la prensa local, que muestran que el ejército birmano utiliza “la fuerza letal” de “forma planificada, premeditada y coordinada”.
Aprovechando la división hasta ahora de la comunidad internacional, que se enfrentaba a los vetos de Moscú y Pekín, aliados tradicionales de la junta militar, los generales mantuvieron la represión.
Cientos de policías y vehículos militares se desplegaron el miércoles alrededor del recinto donde reside el personal ferroviario de la estación Ma Hlwa Gone, en el este de la capital económica, Rangún.
“Bloquean las puertas [de los apartamentos] y las destrozan para entrar”, contó a la Afp una familiar de un trabajador ferroviario que pidió el anonimato por miedo a represalias.
Según la mujer, que expresó su inquietud “por los trabajadores” y sus familias, unos 800 empleados participan en el movimiento de desobediencia civil en esta estación.
“Centenar de detenciones”
Médicos, profesores, empleados de compañías eléctricas y ferroviarias y muchos funcionarios dejaron de trabajar desde el golpe de Estado.
Los principales sindicatos llamaron a “la paralización total de la economía” para aumentar la presión sobre los militares.
La junta ordenó a los funcionarios que regresen a trabajar, si no quieren ser despedidos y exponerse a represalias.
El miércoles, una fuerte presencia policial y militar era visible en Rangún, donde se prendió fuego a barricadas improvisadas por los manifestantes.
En el barrio de Okkalapa se practicaron un “centenar de detenciones”, según un socorrista. “Algunos manifestantes fueron golpeados, hay heridos”, agregó.
“Llamamos a las fuerzas de seguridad a retirarse de la zona, a liberar a los detenidos y a permitir a la gente irse con seguridad”, tuiteó la embajada de Estados Unidos, informando de que había jóvenes rodeados en esa zona de Rangún.
La junta parece más decidida que nunca a imponerse, con redadas en edificios residenciales, hospitales y universidades, detenciones masivas y empleo de fuerza letal.
Al menos 60 civiles han muerto y casi 2 mil personas han sido detenidas desde el 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos.
Refugiados en India
Los militares también han hecho redadas contra medios independientes y les han retirado licencias de operación. Una veintena de periodistas están detenidos.
El ejército niega estar implicado en la muerte de manifestantes y justifica su golpe por un eventual fraude en las elecciones legislativas de noviembre que ganó el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Los diputados que no reconozcan la legitimidad de la junta se convierten en culpables de “alta traición”, un delito castigado con la pena de muerte o con 22 años de detención, advirtieron los militares.
Dos responsables de la LND murieron en detención en los últimos días.
En este contexto, al menos 136 birmanos se refugiaron en India desde el golpe de Estado y decenas más esperan en la frontera poder hacerlo, anunciaron las autoridades indias.
El golpe generó condenas y sanciones de Washington y la Unión Europea (UE), pero, a contracorriente, Sri Lanka invitó al nuevo canciller birmano para hablar de cooperación económica.
