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Fiscalía catalana se querella contra Quim Torra

En imagen del 21 de marzo pasado, un letrero para pedir la libertad de los prisioneros políticos y de los exiliados es colocado en el balcón de la Generalitat, en Barcelona. Foto: Afp

Armando G. Tejeda 

Madrid. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella criminal contra el presidente de la Generalitat, el nacionalista Quim Torra, al que acusa de un presunto delito de “desobediencia” por su negativa a acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar en periodo de comicios los lazos, los carteles y la simbología independentista que había colgado en la mayoría de los edificios del gobierno autonómico. En respuesta, el líder separatista presentó a su vez una demanda contra los magistrados de la JEC por un supuesto delito de prevaricación.

Ante la proximidad de las elecciones generales del próximo 28 de abril, la JEC emitió dos autos en los que instó al presidente Torra a quitar cualquier tipo de simbología partidista de los edificios públicos, es decir de todos aquellos que pertenecieran al gobierno autonómico y que por la propia legislación electoral tiene que mantener la neutralidad institucional, más aún en periodo electoral. Sin embargo, el mandatario catalán y las formaciones separatistas mantuvieron un pulso con los magistrados y apelaron al derecho a la libertad de expresión para denunciar desde las fachadas y paredes de los inmuebles tanto la situación de los políticos presos y juzgados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación, desobediencia y sedición, como de los dirigentes independentistas que se refugiaron en otros países, como Bélgica, Reino Unido y Suiza, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.

La querella de la Fiscalía catalana contra Torra advierte que tras su negativa a retirar los lazos y carteles “procedió, consciente y deliberadamente a desatender el mandato de la JEC, manteniendo la simbología aunque fuera de manera encubierta”. Y además denuncian el empeño del presidente catalán de “mostrar en edificios oficiales carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de naturaleza ideológica y partidista, que únicamente los postulados de una parte de la sociedad”.

La Fiscalía explica su postura e indica que la actitud de Torra no puede quedar «enmascarada» por una supuesta voluntad de acudir a órganos como el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de greuges) ni tampoco “por una sustitución de los símbolos hasta entonces ubicados por otros que, bajo otra forma expresiva, pretendían significar exactamente lo mismo”.

Este delito, en caso de que finalmente sea procesado y juzgado culpable, podría suponer una condena de inhabilitación para ejercer cargo público entre seis meses y dos años, además de una multa económica que puede llegar a los tres mil euros (75 mil pesos).

Observadores internacionales en el juicio contra dirigentes independentistas

En el marco del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas que diseñaron y ejecutaron la declaración unilateral de independencia fallida del 27 de octubre del 2017, en la Sala Segunda desfilaron algunos de los llamados “observadores internacionales”, que estuvieron presentes en los días previos y posteriores a la celebración del referendo de autodeterminación del 1 de octubre. Entre los comparecientes, testificó la ciudadana neozelandesa Helena Catt, quien reconoció que había sido trasladada a Cataluña con todos los gastos pagados por parte del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), que además le había pagado ocho mil euros (200 mil pesos)por elaborar un informe junto al resto de los observadores, que procedían la mayoría de otros países europeos.

JSL
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