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Grupo aliado del Frente Al Nusra reivindica atentado en Rusia

A comienzos del mes, un ataque con bomba en el metro de San Petersburgo dejó 16 muertos.

Juan Pablo Duch, corresponsal

Moscú. Un grupo islamita radical que opera en Asia Central –principalmente en el convulso valle de Ferganá que se extiende en parte de Kirguistán y de Uzbekistán–, reivindicó este martes el atentado con bomba en el metro de San Petersburgo a comienzos de mes, cuyo saldo mortal al día de hoy se eleva a 16 personas y el de heridos de diversa gravedad a más de 80, una veintena de ellos todavía hospitalizados.

En un mensaje difundido a través de Internet, Tawhid wal-Yihad asumió hoy la autoría del atentado y amenazó con realizar otros ataques en territorio ruso mientras Rusia siga bombardeando Siria.

Aliado del Frente Al Nusra y distanciado del Estado Islámico, este grupo centroasiático, cuyo líder es Abu Salaj al Uzbeki, mantiene cerca de 700 militantes en Siria y, a partir de los primeros meses de 2017, comenzó a enviar a Rusia atacantes y comandos en misiones suicidas, todos desde la base logística que creó en Turquía.

Abu Salaj al Uzbeki, de acuerdo con filtraciones a la prensa, no es otro que Sirozhidin Mujtarov, nombre con el que aparece en la página de Interpol, buscado como autor intelectual del ataque suicida en la embajada de China en Bishkek en agosto de 2016. Nacido en Kirguistán y de origen uzbeko, Mujtarov antes de irse a Siria vivió en San Petersburgo y trabajó ahí muchos años como chofer de una camioneta de reparto.

De confirmarse esta información, podría decirse que la mayor amenaza para Rusia de grupos islamitas radicales ya no procede de sus pequeñas repúblicas norcaucásicas, sino de los países vecinos de Asia Central, con lo cual el número potencial de atacantes suicidas se multiplica, en la misma proporción que se reduce la capacidad de los servicios secretos rusos de hacerles frente.

Porque ni tienen tantos recursos ni pueden infiltrar suficientes agentes en los países de origen como sucedía en los tiempos soviéticos y deben contentarse con la información, no siempre exhaustiva, que les proporcionan sus colegas, en cumplimiento de los acuerdos firmados después del colapso de la Unión Soviética en 1991.

Entretanto, la miseria y el desempleo en Asia Central son el caldo de cultivo para reclutar jóvenes dispuestos a inmolarse para, según les dicen, pasar más rápido a una mejor vida, mientras sus familias reciben una generosa retribución con dinero proveniente desde el exterior.

Sin contar los muy numerosos naturalizados de origen ucranio, bielorruso, moldavo, armenio, azerbaiyano y georgiano –como parte de los paliativos con que se pretende compensar la drástica disminución de la población rusa, sobre todo masculina por alcoholismo, accidentes laborales y otras causas similares de muerte–, el Kremlin contribuyó a engendrar ese monstruo de mil cabezas que denomina “terrorismo internacional” al conceder la ciudadanía de Rusia a cientos de miles de centroasiáticos.

La falta de rigor al revisar las solicitudes, muchas veces debida a la extendida práctica de agilizar los trámites con sobornos, cuando no los excluyen del todo, hizo que Akbarzhon Dzhalilov, el atacante suicida en el metro de San Petersburgo, estuviera libre de toda sospecha con su pasaporte ruso.

Por eso no tuvo ningún problema al viajar a Turquía y al volver ya adoctrinado, igual que varios de los 8 detenidos posteriormente que, aseguran los servicios secretos locales, formaban parte de un mismo comando.

Pero la dimensión del problema es mucho más grande que el número de naturalizados. Gracias a la libre circulación de personas entre Rusia y los cinco países de Asia Central, millones de kazajos, turkmenos, tayikos y, sobre todo, kirguisos y uzbekos se trasladaron a Rusia, donde subsisten en condiciones infrahumanas, explotados todos como mano de obra barata y muchos de ellos sin papeles.

En este contexto, no faltan quienes sugieren imponer visas a los ciudadanos de países vecinos, aunque no parece factible en el corto plazo que el Kremlin acepte revertir una decisión política que se introdujo para afianzar el liderazgo de Rusia en el espacio postsoviético.