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Juez federal frena castigo de Trump a “ciudades santuario”

Dos condados de California, el de San Francisco y el de Santa Clara, han denunciado al Gobierno por la orden ejecutiva con la que Trump pretendía cortar fondos federales a las “ciudades santuario”. Foto Ap / Archivo

Dpa

San Francisco. Un juez federal bloqueó permanentemente el intento de la Administración de Donald Trump de castigar con la retirada de fondos federales a las ciudades santuario, que son las que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias en la deportación de indocumentados.

El juez William Orrick, del Distrito Norte de California, decidió el lunes por la noche que la Administración de Trump no puede poner nuevas condiciones a las partidas de dinero aprobadas ya por el Congreso.

Dos condados de California, el de San Francisco y el de Santa Clara, han denunciado al Gobierno por la orden ejecutiva con la que Trump pretendía cortar fondos federales a las ciudades que no colaboran en la deportación de inmigrantes.

El juez Orrick considera que la orden ejecutiva es inconstitucional.

El magistrado había ordenado ya en abril la suspensión temporal de la orden mientras tenía lugar el litigio. Ahora ha hecho permanente esa suspensión.

No obstante, no se trata aún de algo definitivo, ya que el Gobierno ha recurrido la decisión judicial ante una corte de apelaciones. «El Departamento de Justicia reivindicará la autoridad legal del presidente para dirigir el poder ejecutivo», indicó un portavoz en un comunicado emitido el lunes por la noche.

Citado por medios estadounidenses, el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, consideró el fallo del juez Orrick como «una victoria para el pueblo estadounidense y para el imperio de la ley».

San Francisco no solo no colabora con las autoridades migratorias con efectos de deportación, sino que tiene legislación expresa que prohíbe a los trabajadores municipales ayudar a las autoridades federales en ese campo.

No solo hay ciudades santuario. El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en ingles), que persigue una reducción de la inmigración en Estados Unidos, sitúa en el mapa del país más de 300 lugares (estados, condados y ciudades) con políticas que califica de «no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes inmigratorias».