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Dpa
Managua. Efectivos de la Policía de Nicaragua y paramilitares fuertemente armados realizaron hoy nuevas operaciones sincronizadas contra “tranques” (retenes en carreteras) en varias ciudades al sureste de Managua, informaron fuentes religiosas y de prensa.
Los ataques se iniciaron temprano este domingo contra manifestantes que defendían barricadas cerca de las localidades de Catarina, Niquinohomo y Diriá, a unos 30 kilómetros al sureste de la capital, dijo el obispo de la ciudad de Granada, monseñor Jorge Solórzano.
“A nuestros hermanos, por favor resguarden sus vidas. Evitemos heridos y fallecidos. Estamos en comunión de oraciones”, escribió el prelado en su cuenta de Twitter.
También el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, tuiteó: “Me informan que han llegado antimotines y paramilitares a Diriá, Niquinohomo, Catarina y probablemente después a Monimbó en Masaya. ¡A todas las personas de estas ciudades, les ruego escapen, protéjanse y salven sus vidas! ¡Evitemos más muertes!”.
Un manifestante solo identificado como “Alex” declaró a la emisora Radio Corporación de Managua: “Atacaron Niquinohomo. Hicimos frente con lo poco que tuvimos pero no pudimos resistir. Ellos son un cachimbo (montón). Estamos preocupados por nuestras familias, por lo que les puedan hacer”, declaró el joven, cuya voz denotaba angustia.
Los operativos del domingo ocurren luego de fuertes ataques de paramilitares contra manifestantes campesinos en los municipios de Santo Tomás y San Pedro de Lóvago, provincia central de Chontales, donde fuentes opositoras reportaron una cifra no determinada de muertos y heridos.
La líder campesina y opositora Francisca Ramírez exhortó en un tuit a la Iglesia católica a enviar este domingo a la zona una comisión de paz y una brigada médica “que permita sacar a los heridos, liberar a los campesinos secuestrados y retirar los cuerpos de los muertos”.
El Gobierno no ha informado sobre los operativos contra los manifestantes este domingo, aunque aseguró que el tránsito en la zona de Chontales y Río San Juan se había restablecido y estaba “en normalidad”.
El sábado grupos paramilitares rodearon y atacaron a cientos de jóvenes que se habían refugiado en una iglesia de Managua. Finalmente fueron liberados por intermediación de la Iglesia católica, aunque hubo dos muertos por disparos. También se registraron ataques de paramilitares armados contra manifestaciones cívicas en Estelí (norte), León (oeste) y en la ciudad colonial de Granada, al sureste de Managua.
Desde Washington, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, dijo haber recibido denuncias “de campesinos asesinados en Lóvago y de una ciudadana en Granada”, y advirtió que la cifra de muertos contabilizados por el organismo ascendió de 264 a 273 entre el miércoles y ayer sábado.
“La @CIDH condena los hechos de violencia de hoy contra personas en Lóvago, Granada, Estelí y León. Recordamos la responsabilidad del Estado en velar por la seguridad en #Nicaragua. Es imperativo reanudar el diálogo en el conflicto que ya provocó 273 muertes desde su comienzo”, subrayó Abrao en otro tuit.
Por su parte, al celebrar la misa este domingo en la Catedral Metropolitana, el cardenal Leopoldo Brenes expresó su solidaridad con las madres y familiares de todas las personas que han sido víctimas de la violencia desde que se inició la actual crisis política, el pasado 18 de abril.
La CEN emitió la noche del sábado un comunicado en el que condenó “la represión y la violencia por parte de los paramilitares” y acusó al Gobierno de Daniel Ortega de no tener voluntad política para “dialogar sinceramente” y resolver el conflicto que aqueja al país desde hace casi tres meses.
La CEN también denunció los “secuestros y detenciones arbitrarias de que está siendo objeto la población civil” del país, donde “hoy, como nunca, los derechos humanos están siendo violentados”.
Nicaragua vive su peor crisis en 40 años, que comenzó con una protesta estudiantil y se extendió por todo el país tras la violenta reacción policial. Organismos de derechos humanos independientes dan cuenta de 351 muertos, la mayoría cíviles. El Gobierno solo reconoce 49 fallecidos.
