En un informe de 132 páginas (que puede consultar aquí) dirigido al presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio dedicada a la “alteración del orden constitucional” en Venezuela y cómo se afecta gravemente “el orden democrático” en ese país.
Almagro basó su pedido de una sesión urgente del Consejo Permanente en el artículo 20 de la Carta Democrática, que otorga al Secretario General la autoridad para convocar reuniones inmediatas para “realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
“La crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo”, señaló Almagro este martes en su extenso documento, “a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”.
Ante ese cuadro, añadió Almagro, la responsabilidad de los países de la región es “asumir el compromiso” de hacer aplicar lo determinado por la Carta Democrática Interamericana “de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”.
Para el secretario general de la OEA, “no existe posibilidad de normalidad democrática en Venezuela sin la necesaria disposición a la cohabitación y convivencia entre Gobierno, partidos políticos, actores sociales y la sociedad venezolana en su más amplia concepción”.
Almagro también definió como “una muy buena idea” la participación de ex presidentes de países de la región, como lo expresó recientemente el titular de la Unasur, el ex mandatario colombiano Ernesto Samper.
