Santiago. La Corte Suprema tramita la ampliación de los motivos que dieron píe a la extradición del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, quien está recluido en la cárcel de Borbadilla, en Lima, cumpliendo una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
La tramitación se encuentra en manos del juez del máximo tribunal, Ricardo Blanco, quien desde enero pasado recibió el pedido de la ampliación de los fundamentos de la extradición. De acuerdo a los documentos, el requerimiento original está firmado por el actual mandatario Ollanta Humala, y busca acusar de dos nuevos delitos al político, cuya hija, Keiko Fujimori, es la favorita para llegar al Poder Ejecutivo en unas elecciones de segunda vuelta, este domingo, según informó el portal Emol.
La petición a la justicia chilena responde a que en el 2007 la sala penal de la Suprena aprobó la entrega del ex jefe de Estado para ser juzgado en Perú y, según lo establecido en los tratados entre ambas naciones, para poder atribuirle nuevos ilícitos al procesado se debe pedir la autorización al Estado que extraditó, para que sea sometido a juicio por delitos distintos a los que motivaron su entrega.
Uno de los nuevos cargos es que Fujimori, “en su condición de presidente de la República del Perú, concertó y planificó con su asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, diversas estrategias con la finalidad de viabilizar sus propósitos particulares” como lograr su reelección y controlar los poderes del Estado.
Para ello, agrega el documento, el ex mandatario realizó -entre otros actos- “el pago indebido a varios directivos de los canales de televisión de señal abierta; dinero que provenía de entidades públicas y de lo cual tenía pleno conocimiento el requerido, según lo afirmaron los funcionarios públicos de su período de gobierno, Carlos Bergamino Cruz, ex ministro de Defensa; Julio Rolando Salazar Monroe, ex Jefe de Inteligencia Nacional; y José Guillermo Villanueva Ruesta, ex ministro del Interior”.
El requerimiento apunta específicamente al hecho ocurrido en 1998, cuando Fujimori ordeno a Montesinos Torres reunirse en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con el dueño del Canal Cinco Panamericana Televisión, Ernesto Schutz Landázuri, para que éste otorgara “apoyo incondicional al ex presidente Fujimori”, resaltando sus obras ejecutadas e iniciando una campaña de desprestigio y limitaciones de sus principales contendores políticos, Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio.
El segundo hecho es el homicidio calificado de seis personas en Pativilca, Barranca, “perpetrado en 1992 por el grupo paramilitar Colina”, en el cual Fujimori habría tenido responsabilidad en su creación y su dirección.
Tras la recepción de la solicitud, el ministro Blanco ordenó despachar un exhorto a Lima para que Alberto Fujimori declarara desde ese país en una videoconferencia internacional, petición que fue autorizada por la Corte Suprema el pasado 10 de febrero.
En medios jurídicos de Santiago se especuló que al abrir un nuevo proceso, Keiko Fujimori de ser elegida, no podría indultar a su padre.
