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Sacude a Panamá el escándalo de operaciones ocultas

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Por Dpa

Ciudad de Panamá. El estallido del escándalo internacional Los Papeles de Panamá, en el que han sido vinculadas unas 128 figuras mundiales, incluidos mandatarios, generó una ola de opiniones en Panamá, en su mayoría en defensa del sistema bancario y de la inscripción de sociedades anónimas.

La diputada independiente y ex procuradora general Ana Matilde Gómez dijo que en Panamá la ley 27 de 1932 establece que es legal crear sociedades en el sistema panameño. «Crear sociedades no es un delito», por lo que habrá que esperar para saber qué delitos han sido cometidos o se están investigando en otros países, para que Panamá pueda proveer asistencia legal.

Indicó que «la ley de sociedades anónimas ha sido un instrumento o una forma a través de la cual Panamá ha ofrecido servicios al mundo». Sostuvo que la economía de Panamá está sustentada en el sector servicios, y que más del 80 por ciento del sistema se sustenta en el sector actividades bancarias y financieras.

La investigación, en la que aparece señalada la firma de abogados Mossack Fonseca & Co, registrada en Panamá, menciona supuestos movimientos offshore del presidente argentino, Mauricio Macri, el futbolista de la misma nacionalidad Lionel Messi, el cineasta español Pedro Almodóvar y el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, entre diversas figuras internacionales.

Sin embargo, hasta ahora nadie ha confirmado la autenticidad de esos documentos filtrados por el diario alemán Suddeutsche Zeitung. Luego de la publicación, el Ministerio Público de Panamá anunció el inicio de una minuciosa investigación, en respuesta al escándalo destapado en Alemania, en el que se mencionan grandes movimiento de dinero a firmas «fantasmas» hacia paraísos fiscales.

La coordinadora del equipo de trabajo de la plataforma de servicios financieros de Panamá, adscrita a la Cancillería de la República, Maruquel Pabón, adujo que lo primero que hay que entender es que es una situación en que se ha hablado de Panamá, pero «es sólo uno de los eslabones de la cadena en la que están involucradas 26 jurisdicciones», y que alcanzaría a 72 jefes o ex jefes de Estado.

Hace una semana, la directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Farah Diva Urrutia, había cuestionado en una reunión especial del Consejo  Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las prácticas discriminatorias en el sector bancario y financiero de este país.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se pronunció por este escándalo, al que catalogó como una denuncia de los medios internacionales que afecta al país, debido a que hace unos meses Panamá salió de lalista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que lucha contra el blanqueo de dinero.

El gremio empresarial solicitó a los panameños defender las leyes, la jurisdicción y el sistema financiero, «principalmente porque se ha trabajado mucho en fortalecerlo, mediante adopción de acuerdos internacionales», y a entender el momento actual sobre los riesgos de atentar contra uno de los pilares de la economía panameña.

La dirección de las oficinas de Mossack Fonseca & Co., ubicadas en el corazón financiero de la ciudad de Panamá, aparece en miles y miles de sociedades, en las que, además, figuran los nombres de empleados que trabajan para la firma como dignatarios de esas corporaciones, registradas en más de una docena de jurisdicciones.

Sin embargo, el jurista Ramón Fonseca Mora aduce que no ha cometido delito alguno, y que probablemente quienes cometieron actos ilícitos son los que sustrajeron documentos de su oficina para generar un gran escándalo.