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Vía libre a Rajoy para impugnar iniciativa catalana

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El presidente de la región catalana, Artur Mas, en imagen de ayer en el parlamento. Foto Reuters

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El presidente de la región catalana, Artur Mas, en imagen de ayer en el parlamento. Foto Reuters

Por Dpa

Madrid. El gobierno de Mariano Rajoy tiene vía libre para impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña para iniciar el proceso hacia la independencia de la región española.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo, concluyó hoy por unanimidad que hay fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el alto tribunal la iniciativa separatista y dio luz verde al recurso que prevé presentar el Ejecutivo español, según informaron medios españoles.

El órgano considera que la resolución aprobada por la Cámara catalana, que prevé la creación de un «Estado catalán independiente en forma de república», va en contra de la soberanía nacional, que reside en el «pueblo español», según recoge la Constitución.

También destaca que el texto pactado por los partidos separatistas catalanes señale la intención de desobedecer al alto tribunal, órgano al que considera «deslegitimizado».

Rajoy pidió el lunes un informe al Consejo de Estado nada más aprobarse en el Parlamento catalán la resolución separatista. El Ejecutivo está obligado a solicitarlo, aunque no es vinculante.

Ya con el dictamen en la mano, el siguiente paso será aprobar el recurso en el Consejo de Ministros, que se celebrará previsiblemente el miércoles. Ese mismo día, la Abogacía del Estado podría presentarlo ante el Constitucional.

Si el tribunal lo admite a trámite, la resolución quedaría suspendida cautelarmente, a la espera de que se falle al respecto.

Según informaron hoy medios españoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la semana pasada a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Policía catalana -Mossos d’Esquadra- que actúen si en el marco del proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición.

En la instrucción, el fiscal jefe del tribunal español advierte de que la desobediencia «por cualquier autoridad o funcionario público» podría constituir un delito de sedición, pero también de prevaricación, entre otros.