El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que se inició una investigación al respecto de las denuncias por supuestos actos de corrupción y extorsión por parte de verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor en varios estados, entre los cuales se encuentra San Luis Potosí.
En este sentido, apuntó que ya se reunió con representantes de organizaciones de gaseros para atender sus denuncias, por lo que en próximos días se emitirá un reporte sobre los avances de las investigaciones.
Cabe recordar que ayer la Asociación de Distribuidores de Gas LP de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas publicó un desplegado en el que acusaba a verificadores de la Profeco de solicitar un pago mensual de 50 mil pesos, y 15 mil pesos más a los verificadores, para evitar el cierre de sus instalaciones.
Por su parte, Rogelio Cerda Pérez, titular de la dependencia, garantizó que, en caso de encontrarse alguna irregularidad, se actuará con toda firmeza en contra de los responsables, sin importar su rango.
En el documento enviado por los gaseros se señala específicamente a cinco verificadores de Profeco y al titular de la Dirección de Verificación de Gas LP, sin embargo no estaba firmado por ningún responsable, lo que, afirmó la dependencia, no impedirá que se investigue esta denuncia.
Asimismo, el funcionario expuso que el Órgano Interno de Control llevará a cabo una investigación exhaustiva y tan expedita como su desarrollo permita para deslindar responsabilidades, además de que “se ordenó a la Subprocuraduría de Verificación recopilar toda la documentación e información que pudiera contribuir con esta indagatoria”, para lo que la asociación gasera deberá aportar las pruebas con las que cuente.
