Por Carlos García, corresponsal
León. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) investiga al personal de la dirección de movilidad que golpeó a la otomí María Elena Secundino Rafael, por vender dulces en una estación del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, negó que su gobierno discrimine y criminalice a la población indígena, como denunció Margarito Sánchez, miembro del Consejo Indígena del Municipio de León, ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, donde planteó que el gobierno estatal no permite a los indígenas vender en las instalaciones del SIT y les impone sanciones de hasta 710 pesos.
El 3 de marzo pasado, policías y agentes halcones golpearon, arrestaron y tiraron la mercancía del padre de la otomí María Elena Secundino Rafael. Ambos debieron pagar 300 pesos de multa por “estorbar” en la vía pública, y 200 pesos para que los dejaran salir de los separos.
