Susana González G.
Ciudad de México. Por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y/o comercialización de watthorímetros, mejor conocidos como medidores de luz, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compró durante la última década, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación al respecto.
“En los últimos 10 años la CFE destinó más de 15 mil millones de pesos a la adquisición de watthorímetros a través de diversos procesos de compra pública”, indicó el organismo antimonopolios.
Justificó la investigación por el papel vital que la CFE tiene para México, la relevancia en la aplicación eficiente de sus recursos económicos para adquirir bienes y servicios para su operación y “el momento clave de la reforma energética”.
En caso de comprobarse la comisión de una práctica monopólica absoluta, las empresas o agentes económicos responsables podrán ser multados hasta con el 10 por ciento de sus ingresos. En cuanto a las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal Federal hasta por 10 años, según lo establece la Ley Federal de Competencia Económica.
La Cofece señaló que las compras públicas son un sector vulnerable a posibles prácticas ilícitas, como las prácticas monopólicas absolutas, que son los contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto es la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.
Aclaró que el inicio de la investigación no prejuzga sobre la responsabilidad de ningún agente económico e incluso aseguró “que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quien(es), de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación”.
Si la Autoridad Investigadora encuentra elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
La indagatoria puede durar hasta 120 días hábiles, contados a partir del 18 de septiembre de 2017 cuando arrancó, pero la ley permite a la Autoridad Investigadora extender el plazo hasta cuatro veces por el mismo lapso.
La Autoridad Investigadora hizo un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda coadyuvar con el procedimiento se acerque al organismo.
Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno puede determinar el cierre de la investigación.
