“El sindicato está pidiendo 3 mil pesos de aumento mensual para cada trabajador, lo que equivale a mil 400 millones de pesos anuales, porque hay que multiplicar esos 3 mil pesos por los 12 meses del año, más tres bonos extra de salario mensual total. Eso además impacta prestaciones como el aguinaldo y el apoyo para lentes y ropa”, detallaron.
Dicha petición sindical, añadió la fuente consultada, resulta imposible de cubrir debido a que el CJF sufrió un recorte presupuestal y se vio obligada a devolver mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al mismo tiempo, el organismo asumió el control de todas las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, lo cual tiene un “impacto exponencial” en los recursos que maneja el CJF.
Para atender la petición del sindicato, añadió, la Judicatura tendría que quitarle fondos a los programas de implementación del nuevo sistema de justicia penal, y en específico a los relacionados con temas de justicia laboral.
Luego de descartar que la exigencia sindical pueda afectar las labores del CJF -pues los mismos inconformes avisaron que realizarían sus movilizaciones de protesta en horarios no hábiles-, la fuente subrayó que la mayor parte de los afiliados al STPJF es personal operativo cuyas prestaciones “son muy superiores incluso a las de trabajadores especializados del gobierno federal”.
Asimismo, indicó que la semana pasada la Judicatura ya le dio a los sindicalizados un aumento de 5 por ciento al salario, relacionado con el alza de la inflación, y que la propia Secretaría de Hacienda impide dar aumentos salariales porque de esa forma se desajustan sus previsiones.
De igual forma, descartó que hayan ocurrido despidos masivos en el organismo judicial, pues de 2015 a la fecha se ha rescindido el contrato de 28 personas de un total de 31 mil 385 trabajadores sindicalizados, lo cual es avalado por el artículo 51 Bis del acuerdo general del pleno del CJF de julio de 2015.
