Julio Reyna
El sector privado promueve la creación de un órgano independiente de observancia del proceso de mejora regulatoria en municipios y delegaciones del país.
“Estamos proponiendo la generación de un órgano independiente, un observatorio ciudadano del avance de la mejora regulatoria, que esté en comunicación con Cofemer (Comisión Federal de Mejora Regulatoria), para ir viendo cómo vamos avanzando desde el municipio y las delegaciones, hasta los estados y el Poder Ejecutivo Federal en todo el proceso de mejora regulatoria”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en un mensaje.
Dijo que el sector público debe asumir que las reglas “inútiles” debilitan a las que sí son necesarias y sólo dificultan su cumplimiento, cierran las puertas a la inversión productiva y abren espacios a la corrupción.
A través de Acción México, la agenda pública del sector privado, los empresarios proponen medidas concretas a los poderes ejecutivo y legislativo, con la finalidad de aumentar la competitividad de la economía y acelerar el crecimiento, la generación de empleos y promover el bienestar de los mexicanos. “Los empresarios de México hemos anunciado inversiones históricas y asumimos compromisos concretos”, dijo el presidente del CCE.
De igual manerra, aseguró que el sector privado exige a las autoridades “poner de su parte”, pues tiene la responsabilidad de garantizar el pleno cumplimiento de la ley, así como la obligación de establecer un ambiente propicio para la operación de los negocios y la generación de empleos.
“El gobierno debe de ser un apoyo y no un obstáculo para las empresas; debe caminar hombro a hombro con el sector productivo y no sobre su espalda”, afirmó Castañón.
Aseguró que la mejor aportación para que la pequeña empresa pueda crecer es desregularla, y por ello propuso 10 acciones concretas en materia de regulación.
Entre estos puntos, el CCE planteó evaluar las obligaciones y pagos de derechos federales, estatales y municipales, para reducir el costo que implica la apertura de una empresa; desarrollar un análisis costo-beneficio de las regulaciones y el marco normativo actual; establecer mayor seguridad y estabilidad a la regulación; acelerar la digitalización de trámites para reducir costos y abatir la oportunidad de corrupción; reglamentar los procesos de consulta ante Cofemer para valorar el impacto regulatorio y privilegiar la productividad, competitividad y el desarrollo social; establecer el expediente único para simplificar los trámites que se realizan ante el gobierno, y conducir una revisión anual para eliminar la regulación obsoleta y más costosa para la planta productiva.
Por último, propuso realizar una Ley General de Mejora Regulatoria que contemple disciplinas para todos los estados y municipios, armonizar la regulación federal, estatal y municipal, y promover una regulación consistente con principios de competencia en todos los niveles y ámbitos del gobierno.
El CCE impulsas además el modelo “2×1”, en el que por cada nueva regulación que se imponga en cualquier orden de gobierno se elimine el doble en costos de regulaciones anteriores, y propuso al Poder Legislativo que la ley general de mejora regulatoria contemple la creación de un catálogo nacional de inspectores e inspecciones, de tal forma que pueda ser consultado por el contribuyente y las empresas cualquier trámite que un inspector le esté exigiendo a una empresa determinada.
