Guillermo Luévano Bustamante
Por lo menos desde agosto pasado la organización Respuesta Alternativa denunció que cientos de personas se encontraban en Coahuila laborando en condiciones se explotación en un rancho agrícola. La Procuraduría de Justicia es lenta, y con su habitual parsimonia posibilitó la perpetuación de esa condición durante otros tres meses. Apenas hace unos días fue en todo caso la intervención de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del estado la que contribuyó al regreso de las personas potosinas vulneradas en sus derechos humanos. Ya las víctimas no eran centenas, pero aún decenas, quienes han ido regresando a sus lugares de origen, en la Huasteca potosina.
El relato se ha vuelto casi un lugar común en estos días y desde hace años. Este espacio de opinión ha abordado el tema en varias ocasiones. El jornal agrícola en México es un tipo de actividad laboral legal, que sin embargo, aunque está en la ley, padece de cierta desregulación que posibilita con relativa facilidad el incumplimiento de los mínimos presupuestos normativos que se presuponen para ese tipo de trabajo.
Es entonces un trabajo legal fácilmente convertible en ilegal, por supuesto en beneficio de los propietarios de ranchos y unidades productivas agrícolas. Este trabajo se realiza casi siempre en condiciones de esclavitud, con largas jornadas, bajos salarios, privaciones de medios dignos para la subsistencia adecuada, como alimentos y condiciones de alojamiento, higiene, esparcimiento.
Es el viejo resabio en el que la esclavitud sobrevive en el país. Es, en muchas ocasiones, la otra cara de la trata de personas, junto con la que persigue los fines sexuales, ésta que persigue la explotación de la fuerza de trabajo.
¿Cómo es que el relato se repite tan constantemente? En primer lugar, como ya dije, por la desregulación en la ley; luego por la inacción, omisión y pasividad de las autoridades, laborales, de seguridad y las de procuración de justicia, lo que las convierte no sólo en cómplices, sino casi en promotoras de esta explotación; y, sobre todo, por la concepción precarizada del trabajo en la economía capitalista: las víctimas son vistas por los patrones, y por esas permisivas autoridades, como “mano de obra”, “brazos” nomás, sin rostro, como sujetos condenados a ese destino, como una caridad de quien les rescata de morirse de hambre para poder ganar unos pesos, como una asistencia social que va a las comunidades más empobrecidas, por el mismo modelo económico, a ofrecer una chamba de temporal.
Es verdad que la facultad de regular las condiciones de trabajo corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, pero en la explotación laboral no se trata sólo del empleo, sino principalmente de la protección a los derechos humanos. Es verdad que corresponde a las autoridades federales contener, prevenir, erradicar y castigar la trata de personas, pero las autoridades locales tienen mucho que hacer en el tema: las leyes penales, de protección a los derechos de los trabajadores, la perspectiva de derechos humanos, las leyes contra el tráfico de personas, las prácticas preventivas de vigilancia sobre los enganchamientos, reclutaciones, contrataciones, las campañas que hacen los intermediarios, todo eso toca a los gobiernos estatales y a los municipios y no cruzarse de brazos a solapar la perpetuación de esta indignante comisión de múltiples delitos que lastiman a los más empobrecidos desde siempre.
Twitter: @GuillerLuevano
