Armando G. Tejeda
El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, declaró ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el marco del proceso judicial abierto en su contra por el presunto pago de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19.
Durante su comparecencia en calidad de imputado, Ábalos negó las acusaciones en su contra, por las que podría llegar a ser condenado a una pena de hasta 24 años de cárcel. “No he cobrado nada y no hay ninguna evidencia de ello”, declaró el ex dirigente socialista, tras lamentarse que se trata de un “caso mediático, juzgado hace tiempo”.
Ábalos fue el hombre de máxima confianza del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre todo en su etapa inicial en el ascenso al poder, cuando era un aspirante a dirigir el PSOE y se enfrentó al aparato del partido hasta conseguir una victoria contundente en una elección de primarias.
Fue también Ábalos quien le ayudó en 2017 a negociar con el resto de partidos políticos para la moción de censura que defenestró a su antecesor en el cargo, el derechista Mariano Rajoy, que se convirtió en el primer presidente del gobierno español apartado del cargo a través del Parlamento por los gravísimos casos de corrupción en el seno de su administración y de su partido, el PP.
Ahora, menos de una década después de aquellos hechos históricos, el que se sienta en el banquillo de los acusados es Ábalos, en uno de los varios juicios que tiene pendientes y en los que se busca desentrañar las presuntas corruptelas en las que habría incurrido, entre ellas el cobro de comisiones ilegales, la falsedad documental, el cohecho, el fraude fiscal y el nepotismo, tras el hallazgo de que utilizó empresas públicas para la contratación de sus “novias” o “amantes”.
Ábalos se lamentó de que “el caso está juzgado y con condena”, al insistir en que se trata de una “juicio mediático”, que se basa en gran medida en la declaración inculpatoria del empresario Víctor de Aldama, quien era el corruptor de la trama. Sobre éste, Ábalos señaló que “un ministro no puede encargar a un ciudadano normal ninguna representación, eso no hace sino abundar en la farsa y en la impostura permanente de alguien que necesita demasiadas credenciales”.
Durante el juicio, el ex ministro de Transportes acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de“ansiedad” e “intencionalidad”por imputarle delitos cuando se inicióla investigación, además de advertir que “lo único que han encontrado son 94 mil euros (dos millones de pesos)” que se habría gastado sin que se conozca la procedencia del dinero.
Al final de la sesión, la Fiscalía Anticorrupción decidió mantener su petición de pena contra Ábalos de 24 años de cárcel, mientras que para su principal colaborar y operador en la sombra, Koldo García, solicitó una pena de 19 años. Para el empresario Víctor de Aldama se pidió una condena de siete años de cárcel.
