Jared Laureles y Jessica Xantomila
Ciudad de México. A sabiendas de que la reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos no puede ser impugnada, un grupo de jubilados de organismos descentralizados y empresas del Estado anunció que interpondrán amparos “sobre los efectos” que ocasiona la enmienda, como la violación a los derechos adquiridos y las garantías fundamentales.
Los representantes de agrupaciones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro aclararon que las demandas serán por la vía del amparo indirecto y de carácter individual, contra “el despojo” de sus derechos ganados después de más de 30 años de servicio.
Indicaron que su estrategia consistirá otras acciones jurídicas, protestas e incluso denuncias ante organismos internacionales.
“Jurídicamente estamos haciendo lo que nuestros abogados recomiendan. Seguiremos interponiendo amparos y cada despacho formulará su estrategia legal para documentar la violación del tope a las pensiones. No serán demandas colectivas, sino de manera individual. Además, se pueden interponer amparos indirectos por los efectos de la reforma, pues hay violaciones de derechos adquiridos y de derechos humanos”, aseguró Enrique M. Velázquez, del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE.
Al anunciar la conformación de la Alianza Nacional de Jubilados, convocaron a la concentración que realizarán mañana al mediodía en el Senado de la República, a donde acudirán representaciones de distintos estados del país para protestar contra la reforma y exigir que no se aplique de manera retroactiva.
En conferencia de prensa, señalaron que en esta quincena “ya se aplicaron los primeros descuentos” con un tope de 68 mil pesos a la pensión que reciben, a pesar –indicaron- de que aún no existen las leyes reglamentarias y sólo entró en vigor las modificaciones al artículo 127 de la Constitución el viernes pasado.
La enmienda establece que ninguna pensión con recursos públicos podrá exceder 50 por ciento del salario del titular de la Presidencia de la República, que equivale 67 mil pesos mensuales.
Jorge Portos, jubilado de Pemex, rechazó que los recursos que reciben se consideren “pensiones doradas”, pues los salarios que gozaron como trabajadores activos son insuficientes para generar pensiones mayores a los 250 mil pesos.
Aseguró que sus pensiones fueron obtenidas de manera legal y de acuerdo a los requerimiento establecidos en la ley.
“No hay ningún pensionado que rebase los 250 mil pesos, los ingresos no te permitían llegar a esas pensiones. Se basan en una falacia y la sociedad nos ha estigmatizado”, reprochó.
Velázquez señaló que frente a la “incertidumbre jurídica” que ocasiona la reforma constitucional, existe el “riesgo” de que los trabajadores que están actualmente en puestos de confianza, “viendo las condiciones de lo que se les avecina”, van a pedir su retiro.
Con base en datos presentados por el gobierno federal, Velázquez estimó que en total se verán afectados 93 mil jubilados, y de manera indirecta a 300 mil familias.
José Luis Anzaldúa, representante de jubilados de Pemex, apuntó que la enmienda se ha aplicó de manera “intransingente” y no hay claridad sobre cómo se aplica realmente la reforma; “sin diferenciación, nos está afectando a más de los que supuestamente eran las pensiones doradas”.
Sandra Romero, representante de personas jubiladas en Banobras, dijo que frente a la reducción de sus jubilaciones al 50 por ciento, sus recursos son insuficientes para pagar compromisos financieros adquiridos, como colegiaturas, créditos hipotecarios, entre otros.
Además, aseguró que hay casos de personas jubiladas con problemas de depresión, presión arterial y estrés, y algunos han sido hospitalizados, frente a esta noticia.
