Designar, remover… adquirir
¿Campaña recaudadora?
Magdalena culpa a la víctima
Como quien reclama ser atendido tras esperar largas horas en la fila del banco, la diputada Graciela Gaitán Díaz puso al descubierto sus intenciones de ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el último año que le resta a la LXI Legislatura a la voz de “nos toca la Jucopo”. ¿Qué es lo que le tocaría al Partido de la Revolución Democrática?
A quien pregunte le dirán que la Junta de Coordinación Política es poca cosa, una aburrida comisión que se encarga de la administración del Congreso y de mantener sanas las relaciones entre el Poder Legislativo y otras instancias para llegar a acuerdos que puedan ser turnados al Pleno del Congreso. Como suena a demasiado trabajo para tan poco, muchos creerían que no merece atención.
Con el año electoral por delante, el interés mostrado por Gaitán Díaz cobra nuevo significado. Entre las atribuciones de la Jucopo se encuentra la de designar o remover al oficial mayor, contralor, coordinador de finanzas y coordinador de asesoría y secretariado técnico de comisiones del Poder Legislativo, pero eso no es todo.
Donde quizá están puestos los ojos perredistas es en la posibilidad que tiene la Jucopo de adquirir bienes y contratar servicios, “previa autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” que, oh sorpresa, preside Graciela Gaitán Díaz, quien, entonces, estaría en la posibilidad de sugerir la contratación de servicios o la compra de bienes para luego autorizarlos sin mayores complicaciones.
En sus declaraciones, Graciela Gaitán Díaz hizo saber que seguirá al frente de la Comisión de Vigilancia únicamente los próximos tres meses y medio; es decir, hasta poco antes de que comience a calentarse el ambiente pre electoral y después de la designación del nuevo auditor superior del Estado. ¿Qué hará en un año como presidenta de la Jucopo? Está por verse.
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Comerciantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez afirman que ya comenzó la campaña recaudadora del “gallardismo” para financiar la campaña de 2018. De acuerdo con sus testimonios las direcciones de Comercio, Ecología y Protección Civil han incrementado excesivamente el costo de las licencias y dictámenes que deben pagar para mantener funcionando sus negocios.
De forma completamente irregular no se les entrega a los comerciantes una orden de pago con la cantidad que les solicitan, sino que “de viva voz” les dan a conocer en las ventanillas municipales la cantidad que deben cubrir. En algunos casos el valor del concepto de servicio de ecología y medio ambiente dio el salto de 600 a 3 mil 750 pesos.
En otros, les llegan a pedir desde cinco mil hasta treinta mil pesos, según el tipo de negocio. A quienes acuden en busca de una aclaración les niegan la atención hasta que se cansan o logran “cazar” al funcionario. “Yo no puse el impuesto, yo no me dormí en la noche diciendo ‘les voy a poner ese impuesto’”, es la respuesta que ofrece Rafael Cantú Aguilar, director de Ecología en ese municipio, antes de echarle la culpa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del aumento.
“Qué casualidad que vienen elecciones y, un año antes, suben los impuestos”, señalaron comerciantes que se dijeron dispuestos a pagar los permisos siempre y cuando estén conforme a lo dispuesto en la ley de ingresos. Cuestionaron que las administraciones municipales gallardistas se “alzan el cuello con las despensas que regalan, pero ¿quién las está pagando? Nosotros, los ciudadanos con nuestros impuestos”, sostuvieron.
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La Feria Nacional Potosina no levanta y a sus problemas, como el conflicto entre taxistas y choferes de Uber, ahora se le suma la inseguridad, pues el fin de semana una joven fue víctima de una violación al salir de sus instalaciones. La subprocuradora en atención de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Magdalena González Vega, dijo que la violación se pudo haber evitado si la joven hubiera tenido más cuidado con su conducta.
Además, pidió a los padres de familia que vigilen a sus hijos y tengan “cuidado con lo que está haciendo la juventud para divertirse”, o sea que, como siempre, la culpa es de las víctimas. La funcionaria también aseguró que la joven se encontraba “alcoholizada” y manifestó que será difícil saber quién fue el agresor.
No es la primera vez que Magdalena González Vega se muestra poco empática con las víctimas. Hace un par de meses le cerró las puertas del área a su cargo a la mamá de una niña víctima de abuso sexual en un jardín de niños por haber dado una conferencia de prensa para denunciar que casi se cumple un año sin que su hija reciba justicia.
En otros países, que un funcionario se exprese o trate así a las víctimas es motivo suficiente para su despido, sin embargo, aquí son inamovibles.
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Carlos David Santiago López es uno de esos nombres que deben recordarse e impulsarse. Se trata de un niño potosino e indígena originario de la comunidad de El Carrizal en el municipio de Tampamolón Corona que ayer recibió un reconocimiento en Los Pinos por haber obtenido el primer lugar a nivel nacional en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017.
