Reuters
Una jueza federal dijo el viernes que bloqueará a la administración del presidente estadunidense Donald Trump para poner fin al estatus legal temporal de aproximadamente 10 mil migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras que les permitió reunirse con familiares.
La jueza de distrito de Estados Unidos Indira Talwani, durante una audiencia en Boston, dijo que planea emitir una orden de restricción temporal solicitada por grupos de derechos de los inmigrantes, que desafiaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el mes pasado de poner fin a todos los programas de permanencia temporal de reunificación familiar para ciudadanos de las siete naciones.
La medida, parte de la agenda de inmigración de línea dura de Trump, siguió a las acciones para cancelar cientos de miles de concesiones de permanencia temporal humanitaria que permitían a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 12 de diciembre que ponía fin a los programas de permanencia temporal de reunificación familiar que la administración del presidente demócrata Joe Biden creó o modernizó en 2022 y 2023, con efecto a partir del 14 de enero.
Bajo esos procesos, los ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de “tarjeta verde”, podían solicitar servir como patrocinadores para miembros de la familia en esos siete países, lo que les permitía vivir en Estados Unidos mientras esperaban la aprobación de visas de inmigrante.
Los migrantes elegibles entraron en Estados Unidos a través de esos programas desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, el mes en que Trump asumió el cargo. Esos migrantes recibieron subvenciones iniciales de tres años de permanencia temporal humanitaria.
Seguridad Nacional dijo que se había abusado de los programas para permitir que “extranjeros mal investigados eludieran el proceso tradicional de permanencia temporal” y que podrían ser explotados para permitir que “actores maliciosos y fraudulentos” entraran en el país.
