Armando G. Tejeda
El histórico juicio, con su carácter inédito, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entró en su fase final, con la declaración en el estrado de los acusados del imputado, quien negó en todo momento los delitos por el que está siendo juzgado y se negó a responder a las acusaciones, limitándose a admitir preguntar de la Fiscalía y de la abogacía del Estado. El máximo responsable de hacer cumplir la ley en España se enfrenta a un proceso judicial por los delitos de revelación de secretos.
El origen del caso contra el fiscal español se remonta a marzo del 2024, cuando se publicaron una serie de correos electrónicos de carácter privado entre el abogado de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el fiscal que instruía su caso por un presunto delito de evasión fiscal. El fiscal español intervino personalmente en la emisión de una nota de prensa en que se desmintió un bulo en relación al caso, pero en todo momento ha negado que él mismo haya participado directa o indirectamente en la filtración de los mensajes a los medios de comunicación que lo publicaron. De hecho, una parte sustancial del juicio ha sido la declaración de los propios periodistas involucrados, que si bien no han revelado las fuentes que les permitieron tener acceso a los correos privados, sí negaron que hubiera sido el imputado.
García Ortiz explicó en su declaración ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que “soy el fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto a los perjudicados en el proceso penal”, pero advirtió que, en su opinión, la pareja de Ayuso “ha tenido una actuación desleal a la hora de ejercer la acusación penal. No hay lealtad procesal en la búsqueda de la verdad”. Y ademas negó “haber hecho llegar a terceras personas ajenas a la Fiscalía” el correo donde la defensa de González Amador admitía, según el fiscal, que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
La declaración del fiscal general es el final de la fase de prueba, lo que ha dado paso a que las partes ajusten sus peticiones para la sentencia. En cuanto a las penas, los abogados del querellante, González Amador, mantuvo los cuatro años de prisión que reclama por revelación de secretos, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclamó seis años por el mismo delito. El caso será ahora analizado por los miembros de la Sala, que está integrado por algunos de los jueces más prestigiosos de España, entre ellos Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.
