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Buenos Aires. El protocolo en Argentina para evitar cortes de calles en protestas está bajo revisión judicial tras dos años de incidentes entre policías y manifestantes, luego de un fallo que lo anuló y la apelación del gobierno del presidente, Javier Milei, que por ahora lo mantiene vigente y apeló el fallo este martes, por lo que el juez suspendió los efectos de la anulación hasta que se pronuncie el tribunal de segunda instancia.
El denominado “protocolo antipiquetes”, aplicado desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, habilita a despejar la vía pública por la fuerza en manifestaciones y ha generado incidentes con heridos graves, incluidos jubilados y periodistas.
El juez federal, Martín Cormick, dejó sin efecto el lunes pasado la resolución ministerial por considerar que limita el derecho a la protesta y el de reunión.
Estos derechos “solo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional”, objetó en su falló en respuesta a una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y de otras organizaciones de derechos humanos y sindicales.
“Este es un triunfo colectivo”, celebró Amnistía Internacional, una de las querellantes. “Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8 mil piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior”, indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los “piquetes” o cortes de calles y rutas se volvieron una forma habitual de protesta en Argentina desde la crisis de 2001.
Al inicio de su mandato, Milei devaluó el peso más de un 50 por ciento y llevó a cabo una drástica reducción del gasto público que incluyó eliminar subsidios en áreas como transporte, salud y educación, así como el despido de miles de funcionarios públicos.
