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La justicia europea desestimó este miércoles el recurso de Carles Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017.
Tras conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española poco después de la fallida independencia, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“Evidentemente que presentaremos recurso”, reiteró en una rueda de prensa en Bruselas. “Lo haremos lo más rápido posible, y con la forma más ambiciosa posible”, agregó asegurando que no es la primera vez que les toca “remontar una situación adversa”.
La decisión de este miércoles suma un nuevo capítulo en esta compleja saga judicial y afecta igualmente a Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del gobierno regional catalán que encabezaba Puigdemont.
Los tres están procesados por la justicia española por su participación en el intento separatista, que sumió al país en una de sus peores crisis políticas desde el fin de la dictadura franquista en 1975.
A petición de la justicia española, el Parlamento Europeo votó en 2021 levantarles la inmunidad, decisión que los independentistas buscaban anular con su recurso.
Después de varias marchas y contramarchas, en las que el año pasado recuperaron la protección de forma cautelar, el TGUE debía valorar ahora la cuestión de fondo, pero no aceptó sus argumentos.
“El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”, indicó en un comunicado.
La jurisdicción estimó igualmente que, para pronunciarse sobre las peticiones de suspensión de inmunidad presentadas por la justicia española, “no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles”.
“Esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”, explicó.
