Carlos López Torres
Sin asomo alguno de autocrítica, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, a título personal desautoriza a quienes critican o descalifican a la Auditoría Superior del Estado, acusando sin decir nombres, que “hay algunas personas que les ha convenido generar una falsa imagen en contra de la ASE…”
Aunque en sus mismas declaraciones se contradice cuando asienta que, lejos de desacreditar a esa instancia fiscalizadora, es necesario que se planteen verdaderas alternativas que le permitan recobrar y fortalecer la confianza que debe tener ante la sociedad.
Más aún, después de reconocer que de alguna manera la ASE ha venido cumpliendo en los últimos meses su función fiscalizadora, recuerda que no hace mucho atravesó por condiciones críticas derivadas, como todo mundo lo sabe, de malos manejos administrativos y yerros poco claros en el desempeño de algunos funcionarios.
Llama la atención que el actual presidente de la Comisión de Vigilancia, responsable de la vinculación de la ASE con el Congreso del Estado, emita opiniones y recomendaciones sin contar con una evaluación de la comisión que preside, como lo establece el Título Cuarto de la Ley de la ASE, sobre el funcionamiento de la instancia encargada de erradicar teóricamente la impunidad y combatir la corrupción administrativa.
Flaco favor hace el legislador perredista con sus contradictorias e interesadas declaraciones, a quienes después de la constitución legal de la ASE, y los sucesivos escándalos en que se ha visto envuelta, así como los magros resultados obtenidos hasta ahora, no han dejado de demandar desde la sociedad un ejercicio creíble, eficiente y eficaz de ese organismo público de control.
Ante la corrupción generalizada y específica de los gobernadores y funcionarios diversos que han ido dejando el cargo en medio del escándalo, el convencimiento de la ciudadanía es que hace falta el cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, existe la opinión fundada de que tales excesos forman parte de una vieja cultura política que se niegan a mudar quienes cada vez con más cinismo disponen del erario, compartiendo los beneficios que representa la corrupción institucionalizada.
Las formas para asegurar la impunidad y reproducirla no sólo tienen que ver con las rendijas y lagunas legales, o el incumplimiento de las mismas disposiciones, tienen que ver con el disimulo sobre la actuación de los funcionarios de las contralorías de todos los niveles, incluyendo a las auditorías existentes, quienes generalmente le apuestan al tiempo “que todo lo cura” y al olvido.
Acaso por eso, aunque siempre sin darnos datos precisos, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Torres Sánchez, habla de que una de las tareas de la ASE sería la de desempolvar expedientes. ¿Cuántos? ¿Cuáles y de quiénes?
También sería bueno que se rindiera un informe pormenorizado sobre cuántos juicios han prosperado contra funcionarios públicos y cuánto se ha logrado recuperar de los millones reclamados.
