Guillermo Luévano Bustamante
El título de esta colaboración fue una consigna recurrente durante la consulta zapatista sobre derechos y cultura indígenas de marzo de 1999. Y a 17 años, el derecho a la consulta para pueblos y comunidades en San Luis sigue siendo inobservado.
Declara ayer para este diario el director del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas en San Luis Potosí, Raúl González Vega, que la consulta indígena para el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2012 se hará “a pesar de los amparos” interpuestos por consejeros y autoridades indígenas contra la omisión en que incurrió el gobernador del estado, ese instituto y el Congreso local.
Le cuesta admitir la verdad, que la consulta se realizará precisamente en virtud de esos juicios de derechos humanos, que si por el gobierno del estado fuera seguirían como lo hicieron antes, violando ese derecho político de pueblos y comunidades.
Asiste la razón a las autoridades y consejeros indígenas quejosos en los amparos. Tanto así que ya en las oficinas de gobierno han comenzado a preparar, con algunas trampas, las fases preparatorias de la consulta que debieron hacer antes de la publicación del Plan de Desarrollo, y no después como pretenden enmendar hoy.
Dice, ufano, el director González Vega, que las sentencias no afectarán los trabajos que han realizado hasta ahora para la consulta. Pero se equivoca de nuevo: las sentencias de los juicios de amparo deben reflejar el efecto vinculante que tiene el derecho a la consulta pública, libre, previa, informada y directa, a los pueblos y comunidades originarias.
Esto es, en la interpretación oficial del gobierno del estado siguen sosteniendo la más reciente versión del gobernador Carreras de que nada se hizo mal, que como la ley dice que lo que debe consultar es el Plan de Desarrollo esto significa, según él, que una vez que esté acabado y publicado, entonces sí lo somete al escrutinio de los pueblos y comunidades. Ahí el error del titular del Ejecutivo y de su director en materia indígena: si la consulta, por su carácter, tiene efecto vinculante, el gobernador y todo el gabinete implicado, tendrán que reponer la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Su visión, como ya lo han demostrado, es además de racista y colonialista, comodina. La pretensión de las autoridades potosinas parece ser realizar si acaso la consulta, mal y tarde, luego enmendar como con un parche su desbordada omisión.
El asunto es que si vuelven a incumplir la Ley de Consulta Indígena del estado estos trabajos que han emprendido, tendrán que volver a empezar, especialmente si siguen actuando sin el consenso del Consejo Consultivo Indígena, sin acatar las resoluciones de los juzgados federales, la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la observación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la voz de especialistas de la antropología social de El Colegio de San Luis, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sobre todo de las numerosas personas que han acudido en diversas ocasiones desde sus comunidades, de los pueblos teenek, náhuatl, xi’úi, ñuu savi, mazahua, wixarrika, para exigir nada más que lo que está en la ley y nada menos que su derecho consagrado en distintos instrumentos jurídicos, desde los acuerdos de San Andrés hasta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
A los pueblos y comunidades les han omitido durante muchos años de la toma de decisiones públicas, este tímido reconocimiento en la ley local implica un gran avance, para que en adelante los megaproyectos que están en camino en los territorios donde habitan les sean consultados antes de instalarse.
La consulta implica que los pueblos indígenas pueden validar lo que les parezca o desechar lo que consideren indeseable en las políticas públicas de conformidad con su experiencia y lo proyectado en el plan hoy impugnado.
El gobernador puede llegar al primer informe anual de su administración con su Plan Estatal de Desarrollo desecho, contrahecho o inexistente, todo por su insistente omisión en considerar a los indígenas en San Luis. Más vale que esta vez el gobierno haga bien las cosas.
Fácilmente se les olvida a quienes malgobiernan que entre las dolorosas causas del alzamiento zapatista de 1994 se encontraban sí la pobreza y la marginación, pero también el desplazamiento de la esfera pública de los indígenas. Las dos reivindicaciones políticas más contundentes de dicho movimiento fueron el reconocimiento a la autonomía y el derecho a la consulta.
En San Luis Potosí la consulta indígena va, mucho más por el empuje de los propios pueblos y comunidades, que por la pachorruda acción gubernamental.
Twitter: @guillerluevano
