Momento de ventaja
Testimonios de abuso sexual
La presencia de fuerzas federales en los alrededores de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de policías ministeriales visiblemente alertas a cualquier movimiento, sin decirlo, dejaba claro que algo sucedía en San Luis Potosí el sábado al medio día. Después se sabría que el tenso operativo de seguridad se debió a la captura de El Santander, un presunto líder de un cártel con presencia en la entidad al que se le atribuye la comisión de varios delitos.
La detención fue mitad suerte, mitad trabajo previo. El Santander o David “N” como se le ha identificado, intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos y fue entonces que elementos de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) se dieron cuenta de que era buscado por la justicia potosina debido a que la PGJE ya habían circulado en otros estados y en ese país que existía una orden de aprehensión en su contra.
Sin las investigaciones que desde hace meses realizan agentes de la policía ministerial para conocer a los miembros de los diferentes grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el estado, no hubiera sido posible la detención.
En redes sociales se difundieron mensajes para minimizar la participación de la PGJE y del comandante de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, en el apresamiento de David “N”. Muchos de esos mensajes insistieron en la idea de que la administración de Juan Manuel Carreras no había tenido nada que ver con la detención y que simplemente estaban aprovechando para “colgarse” una victoria.
La discusión, más allá de quién se adjudica qué cosa, debería centrarse en cuáles serán las acciones a seguir para aprovechar el breve momento de ventaja antes de que los reacomodos al interior del cártel dificulten futuros operativos.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 8/2017 a la directora del Sistema Educativo Estatal Regular, Griselda Álvarez Ontiveros, por la violación de los derechos a la seguridad, integridad personal, libertad sexual y educación de varias jóvenes de la Huasteca Potosina que fueron obligadas a tener relaciones sexuales con un profesor de la escuela secundaria general Benito Juárez.
La recomendación se originó luego de que circularan imágenes donde aparecía Horacio Belmonte, profesor y ex director del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale (APAST) aparentemente desnudo en compañía de menores de edad. La CEDH logró documentar testimonios de las víctimas quienes narraron cómo el profesor las citaba con engaños como la promesa de entregarles una beca para posteriormente forzarlas a tener sexo con él o con otras personas.
Los testimonios apuntan a que una secretaria de la secundaria ayudaba al profesor a convencer a los padres de las jóvenes para que les dieran permiso de realizar viajes con fines académicos a otros municipios donde se les presionaba para que ingirieran bebidas alcohólicas para que después el maestro u otra persona sostuviera relaciones con ellas.
En la recomendación se exige la reparación del daño causado a las víctimas; así como el pago del tratamiento sicológico. Además, se pide a la directora de la SEER que colabore con la inscripción de las menores al registro estatal de víctimas para que puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contemplado en la ley.
Actualmente existen dos investigaciones en curso relacionadas con estos hechos, la primera se encuentra en la subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Sur; la segunda en la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas en la Procuraduría General de la República.
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Esta semana se definirá si la eliminación del fuero avanza, se estanca o desata, nuevamente, la furia ciudadana. Todo parece indicar que el asunto caminará sin contratiempos. Fuentes al interior de los poderes Ejecutivo y Legislativo coinciden en que el gobernador se reunió con los diputados de su partido para que de su propia boca se enteraran que él no tiene ningún problema con que le quiten esa protección. Aunque voten a favor, aún hará falta que los cabildos conozcan, discutan y aprueben la propuesta.
(Redacción: Jaime Nava)
