Guillermo Luévano Bustamante
Ayer, según consigna una nota aparecida en este diario, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, acusó de incongruentes a los representantes indígenas que interpusieron demandas de amparo contra actos de la administración estatal que lesionan la autonomía y derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí.
De la lectura de su declaración resulta evidente que no ha entendido de qué se trata el conflicto del gobierno estatal con los representantes de los pueblos indígenas en San Luis.
Va por pasos:
1.- El Gobernador está obligado por ley a realizar una consulta a las comunidades indígenas que sea pública, previa, libre, informada y directa para todos los temas que les conciernan, especialmente el Plan Estatal de Desarrollo.
2.- El gobernador Juan Manuel Carreras López violó la ley, no hizo la consulta referida.
3.- Consejeros indígenas (representantes de los pueblos nahuatl, xi’ui, ñuu savi, mazahuas, teenek, wixarrika) interpusieron tres demandas de amparo contra esa omisión.
4.- Aunque públicamente el gobernador Carreras admitió ante los representantes indígenas su omisión y error, en tribunales litiga contra ellos, desacredita su interés legítimo, ofrece pruebas improcedentes, realiza prácticas dilatorias.
5.- Margarita Viñas Orta, anterior directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado hostigó y amenazó a los consejeros, quienes la denunciaron, por lo que fue cesada.
6.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos le dio la razón a los representantes indígenas: emitió una recomendación que acreditaba la violación al derecho a la consulta y planteaba al gobierno potosino la necesidad de reparar el daño cometido.
7.- El nuevo director del Instituto para Pueblos Indígenas, Raúl de Jesús González Vega, continuó con la misma estrategia: desacreditar a los representantes, hostigar y litigar en su contra.
8.- El director Raúl González Vega violó la Ley y convocó a sesionar al Consejo, cuando no le corresponde. Invitó a presidir una sesión al gobernador, lo que vulnera la autonomía y derecho a la libre determinación del órgano deliberativo de los indígenas en San Luis
9.- Contra esa convocatoria espuria los representantes indígenas presentaron nuevos amparos.
10.- La justicia federal reconoció y respaldó su criterio: ordenó que no se realicen las sesiones convocadas por el director porque se vulnerarían sus derechos políticos.
Lo que ha sido constante es la política del gobierno del estado de San Luis Potosí de desatender y menospreciar los reclamos de los pueblos originarios en voz de sus consejeros, un desprecio del Ejecutivo por la legislación en materia indígena y una burda estrategia por dilatar la resolución pronta de los juicios.
Pero pese a todo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí, los juzgados federales cuarto y sexto en el estado, han concedido en todo momento la razón a los consejeros indígenas y han condenado de distintas maneras la actuación del gobierno de San Luis Potosí. Creo que es hora de que enmienden la plana.
Twitter: @guillerluevano
