Carlos López Torres
El abandono del campo no es mera coincidencia, sino resultado de acuerdos y compromisos del gobierno a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha elevado la importación de alimentos hasta en 48 por ciento en detrimento de los productores nacionales.
Por supuesto, son los campesinos y comuneros los más empobrecidos y agraviados en todo el territorio nacional, quienes han sufrido las consecuencias y han soportado con estoicismo extremo durante sexenios la reiterada política oficial que aplica para los ricos los recursos y para los pobres del campo los discursos… y las dádivas clientelares.
La expulsión de mano de obra de miles de campesinos en busca de trabajo y sustento para sus familias hace décadas derivó en la conformación de un sector de trabajadores agrícolas o jornaleros, como prefieren llamarles autoridades y patrones que les niegan derechos y prestaciones de ley, cuya explotación incluye a todos los miembros de los famélicos recolectores de productos agrícolas, que a la par se ven obligados a emigrar hacia los campos agrícolas donde son ocupados en condiciones injustas.
San Luis es uno de esos estados, especialmente en la región del Altiplano, donde el drama de los obreros agrícolas se repite una y otra vez durante la temporada de pizca, aunque la diputada tricolor Martha Orta Rodríguez todavía se pregunta ¿cómo es que los padres permiten el traslado de toda la familia a esos lugares y por qué esos niños están trabajando en esos ranchos? Esas preguntas y las relacionadas con la explotación de que son objeto debiera hacérselas en corto a su compañero de partido Jano Segovia Hernández, a quien de paso debería comisionar el Congreso para que vigile el cumplimiento de las normas legales en materia de niños y niñas explotadas en los campos agrícolas del Altiplano.
Con el inicio del periodo de recolección, muchos de los trabajadores agrícolas quedan a merced de los enganchadores que ofrecen dinero por adelantado a jóvenes y adultos que contratan, cuyo descuento se hace en el primer sueldo que dejan de percibir, obligándolos a seguir trabajando en algunos casos privados de su libertad, sin atención educativa en el caso de muchos niños y niñas, ocupados ilegalmente como trabajadores a ciencia y paciencia de las autoridades del Trabajo y Previsión Social.
Los empresarios tan celosos en la aplicación de la ley para los maestros, se quejan que los trabajadores agrícolas cada vez se nieguen a laborar en las condiciones de explotación, insalubridad y falta de respeto a los derechos humanos laborales, ante la incapacidad de las organizaciones campesinas para agruparlos y luchar por sus derechos y mejora salarial.
Hoy miles de campesinos, incluyendo a centenares de San Luis Potosí, marcharán junto a maestros y trabajadores de la salud unitariamente en la Ciudad de México, para exigir atención a sus demandas, algunas de ellas ancestrales, ojalá en la agenda se trate el caso de los trabajadores agrícolas. ¡Ya es hora!
