Mario Patrón
La universidad como institución ha sido, desde su creación, un factor fundamental en el desarrollo de la sociedad sin la cual serían impensables los más importantes logros en prácticamente todos los campos del quehacer humano.
La educación para el ejercicio de una profesión, la especialización intelectual y la formación en ciudadanía han sido no sólo aportes centrales de las universidades en todo el mundo, sino insumos cruciales para la construcción de horizontes sociales susceptibles de alcanzar y beneficiar a las mayorías. En esta clave de valoración de la importancia histórica de la Universidad, la autonomía universitaria –que en nuestro país es un logro que data apenas de un siglo– es un atributo central e indispensable para el correcto manejo de la gestión universitaria y para potenciar su quehacer y capacidad de incidencia en la realidad de manera que el mayor número de personas en la sociedad puedan beneficiarse de sus frutos.
Si hacemos un repaso de la historia de la autonomía universitaria en México, podemos observar que ésta ha tenido momentos luminosos, pero también otros sumamente sombríos. Entre los primeros, basta recordar el papel que el rector Javier Barros Sierra desempeñó alrededor del movimiento estudiantil de 1968, levantando su voz y encabezando marchas en defensa de la autonomía universitaria, de la legitimidad de las reivindicaciones estudiantiles y de su derecho de libre expresión. Como bien se sabe, Barros Sierra eventualmente renunció como acto de protesta por la represión y la ocupación militar del campus, como símbolo de la solidaridad de la institución universitaria con el movimiento y de la resistencia a la violación de la autonomía universitaria por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
En el lado sombrío, debemos recordar la trama conocida como la estafa maestra como uno de los mayores casos de corrupción documentados en la historia reciente de México, ocurrido principalmente entre 2013 y 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La investigación reveló un esquema de desvío de dinero público que ascendió a más de 7 mil 670 millones de pesos, en el que universidades públicas como la Autónoma del Estado de México y la del estado de Morelos fueron señaladas de participar subcontratando servicios a empresas fantasmas, como mecanismo de desvío de financiamiento público.
Junto a estos dos hechos inscritos en la historia de nuestro país, en las últimas semanas hay que sumar al lado sombrío un caso más, que afecta a la Universidad Autónoma de Campeche y particularmente a su ahora ex rector José Alberto Abud Flores, quien fue detenido por presuntos delitos contra la salud, posteriormente liberado y vinculado a proceso en libertad.
Este caso ha despertado diversas opiniones, algunas relativas a la gravedad de la acusación formulada contra el hoy ex rector y otras que denuncian el posible uso de los aparatos de justicia del gobierno del estado para tomar control de dicha casa de estudios. Más allá de la polarización de los puntos de vista, lo cierto es que hay más de un signo digno de preocupación en este asunto, particularmente por lo que implica para la autonomía universitaria, ya sea por su instrumentalización para cometer delitos o por su socavamiento como medio para la captura de la institución en manos del poder político.
A propósito de este hecho, vale la pena recordar el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha navegado entre señalamientos de vínculos con el crimen organizado, corrupción e intervencionismo del actual gobernador del estado. Se trata de un ejemplo que se suma a muchas otras tensiones y acusaciones que se producen en detrimento del quehacer propiamente universitario y atentan contra su indispensable y recta autonomía, especialmente en el actual contexto de progresivo debilitamiento de los controles y contrapesos democráticos.
La autonomía universitaria se encuentra reconocida en el artículo tercero constitucional, que otorga a las instituciones la facultad de gobernarse, definir sus planes y programas, administrar su patrimonio y gestionar su personal bajo los principios de libertad de cátedra e investigación. Ello les da libertad de autogestión, de autogobierno, académica, de investigación y de desarrollo de sus funciones.
Hoy no cabe duda de que la autonomía universitaria es un bien social que debería protegerse y fortalecerse, pues la labor académica y de incidencia en la realidad de las universidades es un componente básico de la formación de ciudadanías críticas y comprometidas con la democracia y la promoción de la justicia y de los derechos humanos, entre ellos el de la educación misma.
Es claro que esta prerrogativa constitucional ha sido utilizada en algunos casos para fines diversos al hecho educativo, incurriendo en la comisión de conductas delictivas, como fue el caso de la estafa maestra, así como también hay evidencias que nos hablan de los embates de los que la autonomía universitaria ha sido y es blanco, provenientes tanto del poder político como, de maneras quizá más sutiles, por el poder económico.
Las universidades públicas son un bastión fundamental para el ejercicio del derecho a la educación y son un elemento clave para el desarrollo democrático del país. Dichas instituciones educativas deben ser valoradas, tanto en el interior de las propias comunidades universitarias y sus autoridades como fuera de ellas, como bien ciudadano que juega un papel insustituible para concretar las justas reivindicaciones de las mayorías sociales.
Hoy, la coyuntura que viven las universidades públicas en su relación con el Estado nos convoca a preguntarnos cómo fortalecer su vocación teleológica y su compromiso con el bien mayor; es decir, cómo las hacemos menos vulnerables a los vaivenes políticos –tales como la negociación presupuestal de cada año– y cómo fortalecemos la calidad y eficacia de su docencia, investigación e incidencia en la realidad.
Frente a tales preocupaciones, que deberían ser las preocupaciones centrales de las instituciones universitarias, es necesario volver a reivindicar la importancia de ese gran patrimonio social que representan las universidades públicas y su autonomía como condición indispensable para el fortalecimiento democrático de nuestro país.
