- Filtran “fiscalización” a Morena
- INE: “aún” no hay dictamen
- Resolutivos, en agosto
Julio Hernández López
Hay tres causas que pueden llevar a la anulación de un resultado electoral triunfador: cuando el tope de gastos de campaña es rebasado en un cinco por ciento y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es inferior a cinco por ciento (aunque la sala superior del tribunal electoral federal abrió la puerta, en determinadas circunstancias, a que el rango diferencial en votos pueda ser mayor y aún así proceda el intento de anular esos resultados: https://goo.gl/ZKNBN7); cuando un partido o candidato compra tiempo para propaganda en radio o televisión y cuando se encuentra que para realizar sus actividades hubo dinero, o recursos en general, de procedencia ilícita.
En términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha evitado declarar la anulación de comicios, salvo excepciones que confirman la regla. La magistrada que preside el tribunal electoral federal, Janine Otálora Malassis, dijo a principios del presente mes, entrevistada por Jorge Ramos y Ricardo Gómez en El Universal: “… se llega a la nulidad de una elección cuando realmente las causas están debidamente acreditadas dentro del expediente. Entonces, ante una inquietud, la fantasía que puede haber de que el TEPJF llegase a bajar a un candidato, es algo muy remoto que hoy por hoy no está ni en la mente del tribunal ni en la mente de, no me lo imagino, a través de la fiscalización…” (https://goo.gl/MLJjfQ ).
Justamente por el lado de la fiscalización asoma la posibilidad de esa “inquietud”, esa “fantasía”. Apenas este lunes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo (nombrado en marzo del presente año; funcionario con amplia experiencia en asuntos de contralorías, auditorías y hacienda pública, compañero de trabajo de José Antonio Meade en algunos años: https://goo.gl/xfG7jq) firmaron un peculiar convenio de colaboración para fiscalizar las campañas electorales y “garantizar” la legitimidad de las elecciones. El consejero presidente Córdova dijo, en ese acto: “La fiscalización constituye uno de los elementos fundamentales para la calificación de las elecciones y por lo tanto tiene que estar concluida dentro de los 45 días posteriores a la jornada electoral”.
Pues bien, este miércoles, mientras seguidores de Andrés Manuel López Obrador abarrotaban el Estadio Azteca, en los portales de algunos medios de comunicación (y, al otro día, en ediciones impresas) apareció una información respecto a la existencia de un resolutivo de la comisión de fiscalización del INE, que establecería responsabilidades del partido Morena en maniobras de financiamiento paralelo.
Según los detalles publicados, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE recopiló pruebas, videos y testimonios de la forma en que le habrían sido depositados a Morena, en un fideicomiso para damnificados, millones de pesos que luego se destinaron a candidatos, dirigentes y representantes de ese partido. La Unidad mencionada es dirigida por Lizandro Núñez Picazo quien, un día antes de apuntarse en busca de ese cargo en el INE, era administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, área de influencia del candidato priista José Antonio Meade.
Ciro Murayama, consejero presidente de la comisión de fiscalización del INE, negó que ya haya un resolutivo; tal dicho no es ambiguo, sino simplemente cronológico. La investigación sobre el caso del fideicomiso de Morena para damnificados existe. Partió de una denuncia y luego hubo una ampliación de denuncia. Pero aún no hay, formalmente, un resolutivo de la mencionada comisión de fiscalización, lo cual no significa que no lo pueda haber en el plazo de 45 días después de las elecciones (lo habrá, en los primeros días de agosto). La tentación, la inquietud, la fantasía, está presente, disponible.
La redoblada vocación fiscalizadora del INE y la ASF se produce en circunstancias electorales muy propicias para el triunfo de Morena en las elecciones para presidencia de la república, varias gubernaturas y el congreso federal. No hubo tal celo en anteriores casos de escándalo nacional o internacional, como el sucedido en 2006 con el “triunfo” de Felipe Calderón Hinojosa mediante un insostenible 0.56 por ciento de diferencia oficial sobre Andrés Manuel López Obrador, o en 2012, con una “victoria” de Enrique Peña Nieto sustentada en ríos de dinero, los magistrados electorales prefirieron negarse a anular esos comicios manchados de irregularidades graves.
El andamiaje oficial de complicidades ha permitido incluso que siga impune el caso de Odebrecht en su vertiente mexicana, con Emilio Lozoya como pieza operativa de un sistema de corrupción durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Ya en Los Pinos, Peña ha retorcido cuanto ha sido necesario (incluyendo la destitución de Santiago Nieto de la fiscalía para delitos electorales) para impedir que las investigaciones avancen y que el expediente sea consignado ante autoridades judiciales.
En otro tema, el cierre de campaña de AMLO en el Estadio Azteca resultó espectacular en lo escénico y particularmente interesante en lo discursivo. Fue un acto masivo que confirma la amplia tendencia ciudadana a favor de su candidatura, casi una validación adelantada de los comicios dominicales (en Tercer Grado, el programa de análisis de Televisa, ya lo consideraron abiertamente como ganador de las elecciones). Y su discurso tuvo giros importantes hacia posiciones de izquierda que el pragmatismo de campaña le llevó a desdibujar en varias ocasiones. La urgencia nacional de un cambio por la vía pacífica se ha volcado en favor de López Obrador y Morena, en un proceso de esperanza que este domingo llegará a su desenlace ante las urnas. ¡Hasta el próximo lunes!
