José Antonio Román
Ciudad de México. La ley general contra la tortura, recientemente aprobada por el Congreso, no dejará de ser palabra sobre el papel si las autoridades mexicanas no garantiza el procesamiento y castigo de todos los responsables de los miles de casos denunciados cada año en todo el país, aseguró Tania Reneaun Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
Además, advirtió que hasta que la Cámara de Diputados y el Senado no aprueben una ley general contra la desaparición forzada y cometida por particulares, tal como prometió el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, el trabajo del Congreso no podrá considerarse terminado.
En sus primeras declaraciones y posicionamiento tras la aprobación de la ley general contra tortura, la directiva de AI México consideró que el nuevo marco legal constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país.
“Las autoridades deben ahora garantizar que todos los responsables de estos infames delitos contra el derecho internacional comparezcan ante la justicia”, dijo.
Tania Reneaum, abogada mexicana que desde el pasado 3 de febrero ocupa el cargo de directora ejecutiva de AI México en sustitución de Perseo Quiroz, destacó que la ley aprobada establece la prohibición absoluta de la tortura y dispone que las pruebas y testimonios obtenidos mediante esta práctica atroz deben ser excluidas de los tribunales.
En este sentido, denunció que ésta es una práctica “muy extendida” en México, pues a las personas se les tortura de manera habitual en un intento de obligarlas a firmar confesiones falsas.
Y aunque se presentan denuncias, esta práctica queda prácticamente en la impunidad. De las miles de denuncias de tortura reportadas cada año, sólo 15 casos han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal desde 1991, señaló Tania Reneaum, quien citó datos oficiales.
