Carolina Gómez Mena
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó que el derecho de las audiencias “no significa en modo alguno, como algunos actores han dicho, que se esté ante un intento de censura o represión”, apuntó que por el contrario es una condición indispensable para fortalecer la democracia en el país y garantizar el derecho a la verdad.
En un extenso pronunciamiento destacó que “es curioso que quienes más acusan de censura a este intento por fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, son quienes se han beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.
Precisó que la discusión pública generada en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en el marco de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “fortalece el debate, que es indispensable pero además necesario, sobre el papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia”. Apuntó que el espectro radioeléctrico, como bien de dominio público y recurso limitado, debe administrarse privilegiando el máximo beneficio social y, además, regirse por los principios de eficiencia, equidad e interés público, asegurando la aplicación de un enfoque de derechos humanos.
La CNDH subrayó que por mandato constitucional, los medios de radiodifusión son un servicio público de interés general, fundamental para la construcción de ciudadanía y la consolidación de una identidad cultural.
“En consecuencia, así como es de esperarse que los medios públicos no actúen como meros voceros del poder, los particulares y las empresas a las que se les concesiona el uso de la radio y la televisión mantienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil y de intereses particulares, a fin de fortalecer el pluralismo y enriquecer y garantizar la convivencia democrática”.
En ese contexto, indicó que “informar implica contribuir a la formación de una opinión pública crítica, participativa y consciente, capaz de deliberar libremente, exigir la rendición de cuentas y ejercer y defender los derechos humanos”.
El organismo sostuvo que durante décadas, los debates acerca de las garantías a la libertad de expresión se han centrado, principalmente, en quienes emiten sus ideas y no en los derechos que tienen quienes las reciben. Bajo esa lógica, los Lineamientos, hoy a discusión, pueden contribuir a subsanar una deuda histórica con las audiencias, al reconocerlas como titulares del derecho a recibir información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana.
Reiteró que “estas disposiciones que se proponen, normales en todo país democrático, no implican censura -como se ha dicho-, ni facultan a la autoridad para imponer una verdad única, opiniones determinadas o castigar el periodismo crítico o de investigación”.
Por el contrario, expresó, están concebidas para fortalecer el derecho a la información que reclaman las y los mexicanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas a que están obligados quienes explotan, mediante concesiones, un bien público.
“Incluso, es pertinente subrayar que en tiempos como los que vivimos no podrían concebirse normas o lineamientos que no partan del principio de garantizar a los medios los derechos humanos, entre otros el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y, por ende, el respeto pleno a sus contenidos”.
El debate debe centrarse en la protección de ciertas audiencias y no quedar atrapado en el tema de censura.
El desafío es la protección de “públicos vulnerables”
Aparte, Sandra Fernández Alaniz, especialista en medios públicos y análisis político, advirtió que la discusión sobre los derechos de las audiencias en México no debe quedar reducida nuevamente al debate entre censura y libertad de expresión, sino avanzar hacia una protección efectiva de la ciudadanía frente a un ecosistema mediático que ha cambiado radicalmente.
La especialista sostuvo que el desafío es construir reglas capaces de proteger a televidentes y radioescuchas sin otorgar al Estado facultades ambiguas que puedan utilizarse para intervenir en contenidos o líneas editoriales.
En su análisis, Fernández Alaniz recordó que los derechos de las audiencias no son una figura reciente ni corresponden a una administración determinada, sino que son resultado de décadas de demandas provenientes de la academia y la sociedad civil para garantizar pluralidad, información y límites frente a los abusos del poder mediático.
La autora señaló que el debate regulatorio ha permanecido atrapado en tres puntos de conflicto: la distinción entre información y opinión, la separación entre publicidad y contenidos, y las facultades sancionadoras de las autoridades.
Aunque consideró legítima la preocupación de periodistas y concesionarios ante cualquier norma que pueda abrir espacio a la censura, advirtió que concentrar toda la discusión en ese riesgo puede terminar dejando en segundo plano a quienes deberían encontrarse en el centro de la regulación: las audiencias.
“La amenaza de la censura paraliza la norma, y la paralización de la norma perpetúa la indefensión de los públicos históricamente más vulnerables”, plantea.
Fernández Alaniz también llamó a actualizar el concepto mismo de derechos de las audiencias, pues buena parte de la regulación continúa respondiendo a las características de los medios del siglo pasado, mientras las formas de producción y consumo audiovisual han sufrido profundas transformaciones.
Uno de los principales pendientes, señaló, es la protección de niñas y niños frente a contenidos audiovisuales diseñados para mantener su atención mediante ritmos acelerados, colores hipersaturados y otros recursos propios de las plataformas digitales.
La regulación, sostuvo, debería incorporar elementos relacionados con el neurodesarrollo, la concentración y la regulación emocional de las infancias, en lugar de concentrarse únicamente en disposiciones técnicas heredadas de la radio y televisión tradicionales.
También consideró necesario fortalecer los mecanismos de protección para personas con discapacidad y para comunidades indígenas y rurales, que enfrentan barreras de conectividad, idioma o alfabetización para ejercer sus derechos o presentar una queja ante los medios.
Otro de los aspectos señalados es la desigualdad entre los grandes grupos comerciales y los medios públicos, comunitarios, indígenas, sociales y afromexicanos. Aplicar las mismas obligaciones y sanciones a todos, afirmó, podría afectar especialmente a proyectos con recursos limitados y terminar perjudicando la pluralidad mediática.
