En las propuestas, 5 mujeres
Otro daño patrimonial
Del Poder Judicial del Estado y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana salieron los nombres elegidos por Juan Manuel Carreras para integrar las ternas de donde saldrán los titulares de la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción. Sorpresivamente, de los seis aspirantes, tres para cada cargo, cinco son mujeres.
Las propuestas para la Fiscalía Anticorrupción son: María Angelina Acosta Villegas, Juana María Castillo Ortega y Geovanna Hernández Vázquez, todas ellas abogadas de profesión. María Angelina asumió en abril de 2016 la presidencia de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis, es probable que no vaya a concluir su encargo hasta 2018 como estaba previsto porque desde que se dio a conocer su nombre se le posicionó como la favorita.
Muy cerca en las apuestas le sigue Geovanna Hernández, quien actualmente es secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial en el Poder Judicial del Estado, pero cuenta con experiencia en la persecución de delitos, ya que hace unos años fungió como directora jurídica y de extradiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Acosta Villegas tendrá impulso de ventaja en la elección pues sus compañeros en la barra de abogados son los dueños o miembros de despachos acostumbrados al litigio político más que jurídico, muchos de ellos cercanos al Partido Revolucionario Institucional y a funcionarios de la administración estatal.
La terna para la Fiscalía de Delitos Electorales la conforman: Jovita Badillo Cruz, María Concepción Hernández de León y José Martín Vázquez Vázquez, estos últimos son quienes cuentan con mayor experiencia en materia electoral por su trabajo como consejera y presidente, respectivamente, del Consejo Estatal Electoral; además, José Martín Vázquez fue magistrado y presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de San Luis Potosí.
José Martín Vázquez Vázquez ocupa hoy la secretaría de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y, si los diputados vuelven a optar por elegir a un viejo conocido de la administración en turno, seguramente en menos de un mes se le verá empacando sus cosas para migrar de oficina. Treinta días tienen en el Congreso para aceptar las ternas y pasarlas a votación. Pueden solicitar que se cambie alguna de ellas, pero no lo harán.
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Enorme daño patrimonial causaron los diputados al patrimonio del Congreso del Estado. No conformes con haberse gastado más de seis millones de pesos en la adquisición de vehículos nuevos, en menos de un año, 11 de esas unidades asignadas a los legisladores se encuentran en desuso tras haber sido chocados por sus asistentes o por presentar supuestos defectos de fábrica.
A la basura los dos millones y medio de pesos que costaron los 11 vehículos. Ni las reparaciones pagarán de su bolsillo.
(Redacción: Jaime Nava)
