Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Treinta y siete copropietarios del mercado publico tradicional Dr. Belisario Domínguez, ubicado en la cabecera municipal del Ocosingo, integrantes del Congreso nacional Indígena (CNI), denunciaron que han sido “víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo” de locales, así como de la “prefabricación de delitos para dividir y deshacer nuestra organización colectiva e indígena tseltal, porque jamás quisimos entrar a juegos corruptos” de integrantes de mesa directiva de la Coalición de Locatarios.
“Alzamos la voz desde la dignidad y la resistencia indígena. Hablamos en nombre de los 37 integrantes indígenas tseltales del CNI Samir Flores Soberanes, Zona 10 Patria Nueva. Somos los legítimos copropietarios y fundadores, desde el 15 de enero de 1985”, de la central de abasto mencionada, dijeron.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), expresaron que el mercado “no se hizo con decretos de escritorios sino con el esfuerzo de mujeres y hombres; cada local que hoy quieren arrebatarnos tiene historia; aquí crecieron nuestros hijos, salieron para la escuela, hemos sostenido hogares enteros y aquí hemos dado trabajo”.
El Frayba dijo que desde su fundación en 1985, “el mercado ha representado un espacio de trabajo, sustento familiar y organización comunitaria para pueblos indígenas que históricamente han sostenido la vida económica del municipio, pero integrantes de la mesa directiva de la Coalición de Locatarios han realizado actos que afectan directamente los derechos de 37 personas locatarias, entre ellos el cierre arbitrario de locales, el bloqueo de accesos, la construcción de bardas y el retiro de mercancía, además de amenazas y presiones económicas”.
Añadió que “la tierra, el territorio y los espacios comunitarios no son mercancía, son parte de la vida y la dignidad de los pueblos”, al tiempo de señalar que el 14 de agosto pasado, Jorge Sánchez, integrante del CNI, “fue despojado de sus locales por la mesa directiva de la Coalición de Locatarios. Saquearon sus pertenencias y construyeron un muro frente a su local para impedirle el acceso a su trabajo”.
En esa misma fecha, agregó, “Sara Toledo, integrante del CNI también fue despojada de su local. Sacaron sus pertenencias y soldaron las cortinas de para impedirle que siguiera trabajando. Es una mujer viuda, madre de seis hijos y pertenece al pueblo tseltal. Además, enfrenta una situación especialmente grave debido a que una de sus hijas padece cáncer”.
Sostuvo que “a la fecha, las dos personas integrantes del CNI llevan 268 días sin poder trabajar ni generar ingresos para sostener a su familia. El 23 de noviembre de 2025, la mesa directiva ordenó la construcción de bardas perimetrales para bloquear el acceso a cuatro locales más pertenecientes a Enrique López Sántiz y Tomás López Entzín, tseltales que venden de ropa y calzado”.
Mediante un documento leído por Blanca Arely López Méndez, una de las víctimas, los locatarios recordaron que el 15 de enero de 1985 se creó el mercado y “se nos entregó la posesión a las y los compañeros indígenas tseltales del CNI Samir Flores Soberanes zona 10 Patria Nueva por el ayuntamiento de Ocosingo, con una superficie de terreno de 3 mil 730.15 metros cuadrados”.
Sin embargo, añadieron, “el 16 de febrero de 2008, a 12 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, en los que se reconocen los derechos y cultura de los pueblos indígenas, otorgarles autonomía y mayor participación política en nuestra carta magna, fuimos notificados por el mal sistema de gobierno del ayuntamiento de Ocosingo, gobernado en ese entonces por Carlos Leonel Solorzano García, del PAN, sobre la pretensión de despojarnos de nuestros bien inmueble para construir un mega proyectos de infraestructura social”.
Señalaron que después de diversos trámites jurídicos lograron que un juez dictara la sentencia a su favor como locatarias y locatarios, por lo que “se realizó la escritura número 9,956, volumen 232, de fecha 3 de septiembre de 2008”, pese a lo cual tres de sus compañeros han sido despojados de los puestos, por lo que urgieron a que se instale una mesa interinstitucional de gobierno.
El Frayba exigió “el cese inmediato de los actos de hostigamiento, violencia, intimidación y despojo cometidos contra las y los locatarios afectados; la restitución inmediata de los locales que han sido cerrados, bloqueados o intervenidos arbitrariamente; garantías plenas para el libre acceso y uso de los espacios comerciales; respeto y reconocimiento del derecho de escrituración de todas las personas locatarias amparadas por la sentencia de prescripción positiva, sin cobros excesivos, discriminación ni condicionamientos arbitrarios y la intervención urgente de las autoridades estatales y municipales competentes para prevenir agresiones, amenazas, hostigamiento”.
Sara Toledo Sánchez, una de las personas afectadas por el “despojo” de locales, dijo en entrevista que “lo único que quiero es que me regresen el puesto porque es mío”.
Contó que la directiva de la central de abasto la despojó de su puesto la noche del 14 de septiembre pasado, cuando se encontraba fuera de Ocosingo a causa de que intervinieron a una de sus hijos por un padecimiento de cáncer.
Refirió que ante los “abusos” de la directiva que encabezan entre otros Silva Reyes y ella y 36 locatarios más “nos organizamos como una forma de resistencia para que nos respeten. Lo único que pido es que me regresen el local, es mío desde hace muchos años y llevo trabajando allí más de dos décadas”.
Sánchez Toledo relató que “por la situación de mi hija me fui, dejé a una persona encargada del puesto, pero la noche del 14 de septiembre pasado le avisaron los integrantes de la directiva que fuera a sacar las cosas, y luego llegaron ellos mismos y las sacaron, sellaron el local y le pusieron candado”.
