Martín Sánchez, corresponsal
Ciudad Victoria, Tamps. Rosa María Santamans, madre de la ciudadana española asesinada en los límites de los municipios de Casas y Soto la Marina, en julio pasado, así como Jorge Fernández González y Adriana González (madre del segundo), solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas, a través de su división de Derechos Humanos, su intervención para verificar el procedimiento que se sigue en contra de Fernández, viudo de María del Pilar Garrido Santamans, porque presumen que hay inconsistencias de parte del juez que ordenó la prisión preventiva y que vinculó a un proceso penal al ex marido de la extranjera.
La madre de la víctima dijo en entrevista que ella y su hija tenían una clave para comunicarse “en los casos en que había una diferencia con su pareja, y eso nunca sucedió”.
Destacó que su hija tenía planeado vacacionar en Valencia, España, su país natal, y por eso tenía los boletos del viaje redondo.
Por su parte, el padre del vinculado a proceso, dijo que “no existe una póliza de seguro”, y en eso coincidió con la madre de la víctima, “sino más bien una hipoteca”.
Los restos óseos se enviarán a la policía científica de Valencia para que se les practique un estudio, ya que según Fernández, González y Santamans, el cuerpo de la víctima, localizado por las autoridades judiciales, carecía de órganos vitales.
