Golpe al PRD
Negociando sin permiso
¿Intentan inhibir manifestaciones?
Como hace algunos años, cuando los asientos en las salas de cine no estaban numerados, los panistas llegaron temprano de la mano de Movimiento Ciudadano para ganar los mejores asientos para la función electoral de 2018. Un entusiasmado Eugenio Govea se encargó de iniciar la conferencia de prensa en la que anunció su regreso, vía alianza o coalición, al partido que abandonó en 2009 cuando no logró ser candidato a la gubernatura.
Xavier Azuara mencionó a la alianza nacional, en donde sí participa el Partido de la Revolución Democrática, pero al hablar del incipiente “Frente por San Luis Potosí” evitó comprometer la aún posible incorporación del PRD y centró su discurso en la importancia de vigilar y combatir la corrupción en el Congreso del Estado.
Aunque apenas el domingo el consejo del PAN le dio permiso a Xavier Azuara para que entablara pláticas con dirigentes de otros partidos, Govea Arcos reveló que llevaban varias semanas negociando la construcción de su alianza. Sin embargo, el diálogo tras de sí no dio la impresión de ser lo suficientemente profundo sobre todo en si el PRD será adversario o aliado durante el proceso electoral.
El madruguete aliancista es un duro golpe al PRD. PAN y Movimiento Ciudadano no sólo acaban de reposicionarse mediáticamente; sino que llegarán fortalecidos y con ventaja a la mesa de los perredistas, cuya ventaja en términos de estructura y capacidad de movilización queda seriamente disminuida en valor electoral frente al reparto de candidaturas y acuerdos previos cuyo costo de rompimiento y renegociación aumentarán los ahora aliados.
Si a nivel nacional PRD, PAN y MC van juntos, es casi imposible que no repitan el modelo en lo local porque, al tomar caminos separados, en nada les beneficiaría la gira de quien resulte su candidato presidencial y, como es imposible que el presidenciable apoye dos proyectos locales distintos, no podrían capitalizar los votos de “cascada” que la alianza nacional pudiera generar.
Azuara le sacó la vuelta al tema y Govea no cerró por completo la puerta al PRD. “Coincidencia”: es la palabra clave de la función política que esta semana se estrenó en San Luis. Govea y Azuara la repitieron tanto o más como lo ha hecho José Luis Fernández, dirigente estatal del PRD, quien antes de conocer el acuerdo entre PAN y MC, en público reconoció que, pese a la ríspida relación entre amarillo y azules, buscarían acercarse a ellos para encontrar las “coincidencias”.
Los partidos cuentan exactamente con un mes para hablarse bonito y correr de la mano hacia el registro de alianzas o coaliciones ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
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Mentarle la madre a la autoridad dejará de ser delito en el estado siempre y cuando los diputados aprueben el dictamen para modificar el artículo 277 del Código Penal que actualmente sanciona con una pena de uno a tres años de prisión a quien profiera “expresión directa o indirecta o ejecuta acciones con el propósito de denigrar, calumniar u ofender a un servidor público en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, a las insignias del Estado o de un Municipio, o a cualquiera de sus instituciones”.
El dictamen a favor de su modificación fue aprobado por la Comisión de Justicia derivado de dos iniciativas presentadas con ese mismo propósito. Una fue enviada por José Mario de la Garza y la otra por el diputado Óscar Vera Fábregat.
Luego del análisis de ambas propuestas, los integrantes de la Comisión de Justicia acordaron cambiar la redacción del artículo 277 para que quede de la siguiente manera: Quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, o agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trescientas unidades de medida de actualización, además de la que le corresponda por el delito cometido.
A simple vista parece que el delito únicamente cambió lo verbal por lo físico, pero si se observa con atención, la modificación más significativa se realizó a la pena que aumentó de un máximo de tres a seis años. ¿Será que de esa manera intentan inhibir las manifestaciones en su contra?
(Redacción: Jaime Nava)
