Samuel Estrada
José Gabriel Rosillo Iglesias, titular de la Contraloría del Estado, lamentó que la justicia federal haya desechado hasta en dos ocasiones el amparo que se interpuso para que se sancionara e inhabilitara al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, por lo que el ex mandatario ahora se encuentra libre de toda culpa, puesto que, como lo argumentó en su momento el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA), se le debió promover un juicio político en el Congreso del Estado, pero nunca se hizo así.
El funcionario refirió que como muestra de que no se quedaron con los brazos cruzados, de inmediato, en cuanto vino la resolución del TECA, se hizo todo el trabajo desde finales del año pasado para impugnar esta resolución ante la justicia federal: “lamentablemente ellos ya determinaron la no procedencia del amparo”.
Dijo, además, que entonces la sanción de más de siete mil millones de pesos y la inhabilitación por hasta 20 años para ejercer cualquier cargo público ha quedado sin efecto, no porque no se haya contado con las pruebas del mal ejercicio de recursos públicos por más de dos mil 600 millones de pesos, sino porque no se siguió el proceso sancionatorio adecuado.
Según la resolución del TECA, de acuerdo a lo que marca la ley, lo que se debió de hacer fue haber promovido un juicio de procedencia ante el Congreso del Estado en contra de ex gobernador en cuanto se tuvieron los elementos probatorios de los hechos imputados, ya que un juicio político de este tipo sólo se puede realizar hasta un año después del término de su encargo, posterior a esto prescribe y ya no se puede promover un juicio de esta naturaleza.
Finalmente, Rosillo Iglesias reiteró que “desafortunadamente el tribunal federal no nos dio la razón hasta en dos ocasiones en cuanto al procedimiento”, entonces se mantuvo la decisión del TECA en cuanto a que no se contaba con la facultad de sancionar a un ex gobernador de la misma forma que a otro funcionario o ex funcionario.
“Sólo se consumó la gran simulación”
A este respecto, el notario público Eduardo Martínez Benavente, uno de los impulsores de que se transparentara el crédito de los mil 500 millones de pesos que solicitó De los Santos Fraga al final de su sexenio, asunto del cual derivaron las irregularidades detectadas por la Contraloría del Estado, señaló que “sólo se consumó la gran simulación”.
Indicó que esto demuestra que hubo “acuerdo perverso” entre Fernando Toranzo y Marcelo de los Santos, quienes sólo simularon un pleito irreconciliable, pero sabían perfectamente bien los abogados de las dos partes que a través de la Contraloría del Estado no iba a proceder una sanción en contra del ex gobernador panista.
Martínez Benavente expuso que fue entonces todo este proceso una lamentable actuación de parte de la administración torancista, que sólo siguió el juego de querer mostrarse severo al ajusticiar a De los Santos e imponerle una multa exorbitante y dos décadas de inhabilitación cuando en el fondo sabían que no iba a pasar nada.
Refirió que cualquier abogado que sepa un poco de la ley de la administración pública sabe que la Contraloría del Estado está en un nivel inferior y no puede juzgador a alguien con el nivel de gobernador de un estado, por tanto sólo se podía hacer a través de un juicio político promovido en el Congreso del Estado y únicamente dentro del primer año posterior luego de que saliera del cargo.
Manifestó que lo más grave es que tampoco se pueden fincar responsabilidades ni a los abogados ni a la propia Contraloría del Estado por este presunto yerro, “pero bueno, sabíamos que esto pasaría, lamentablemente estamos acostumbrados a que este tipo de cosas sucedan y que al final de cuentas no se castigue a nadie y triunfe la impunidad”.
